Por Imelda Daza Cotes
Después de una semana de protestas y paro nacional agrario no se vislumbran soluciones a los firmes reclamos del pueblo inconforme.
Los pliegos evidencian la legitimidad de las peticiones que, si bien son variadas, coinciden en el rechazo total a las políticas neoliberales, reniegan de los TLC por sus funestos efectos sobre el tejido económico, piden reivindicaciones sociales y cumplimiento de pactos anteriores. Pero las exigencias populares son incompatibles con los planes del gobierno que en vez de producir alimentos y promover el desarrollo industrial prefiere la gran minería transnacional y la agroindustria exportadora; y como si fuera poco, parece inclinado a la destrucción de la economía campesina, agobiada por los altos costos de producción y problemas de mercadeo. Todo esto exasperó a un pueblo que no está dispuesto a aguantar más. El estallido social refleja la grave crisis social que vive el país
Los participantes han reiterado el carácter pacífico de sus protestas y han mostrado un buen nivel de organización a pesar de la infiltración de los saboteadores de siempre. Es decir, estarían dadas las condiciones para un diálogo democrático y fructífero, pero el gobierno no ha gestionado el conflicto adecuadamente, optó por la represión que en muchos lugares ha sido brutal; con atropellos y estigmatizaciones de todo tipo han pretendido amedrentar a quienes protestan, un líder campesino denunció que se sienten tratados como invasores, porque efectivamente los militares actúan como ejércitos de ocupación. Jóvenes soldados y policías fuertemente armados, desconociendo, muchos de ellos, su origen campesino y su pertenencia social han sido capaces de atacar a campesinos llenos de razones, de coraje y de mucha rabia. Las redes sociales han denunciado los abusos de la policía. La cobertura por parte de los medios de comunicación ha sido mínima y los medios alternativos han visto limitado su accionar.
La equivocada gestión del paro lo ha prolongado y lo ha extendido, y ya empieza a provocar escasez de alimentos en centros urbanos.
Por eso es urgente la solidaridad de todas las organizaciones sociales y del pueblo en general. Si el desenlace fuere favorable a quienes protestan, se habrá demostrado que hay posibilidades de hacer compatible el actuar del gobierno con las aspiraciones de las mayorías. Si por el contrario, no hay acuerdos satisfactorios, el desgaste del gobierno sería inevitable, se demostraría una vez más que en Colombia la democracia sólo se consigue a la brava; la frustración popular permitiría presagiar un estallido social que plantearía alternativas electorales sorprendentes. Veremos!