El anuncio del Gobierno Nacional de mantener el gravamen del 4×1000 y aumentar la base gravable y el universo del impuesto al patrimonio a los colombianos, causó esta semana un revuelo y contrariedad en la clase empresarial del país. A buena hora el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, entró en razón y reversó la medida.
Los colombianos estamos de acuerdo que hay que pagar impuestos para que el Estado financie sus gastos y las inversiones que deben realizarse para el bienestar de la población. El malestar radica en que se esta volviendo costumbre cubrir los huecos fiscales de cada año con impuestos que fueron creados para atender emergencias circunstanciales. Lo lógico es que se reduzca el gasto público, se consolide la política monetaria y se elimine el exceso de regulaciones que impiden el crecimiento de la economía del país.
El gravamen del 4×1000, creado en 1.998 -por un año-, para atender la crisis domestica financiera de esa época, lleva 16 años vivito y coleando. Con el impuesto al patrimonio ocurre lo mismo. Después de haber sido eliminado en 1992 para todos los contribuyentes, se reimplantó en el año 2002 con el nombre de “Impuesto para preservar la Seguridad Democrática” bajo la promesa del gobierno -no cumplida- de ser temporal. A partir de 2004 y hasta el día de hoy, se volvió adoptar con el nombre de impuesto al patrimonio, convirtiéndose en una fuente de ingresos permanente del Gobierno Nacional.
Consultando el tema con un par de amigos expertos en derecho tributario, me cuentan que el 4×1.000 lo que hace es estimular a las pequeñas y medianas empresas a tratar de eludir este gravamen a los movimientos financieros, impidiendo de paso la bancarización, de tal manera que se desconocen las transacciones financieras de las empresas, también sus ingresos, por lo que no pueden hacerlas tributar.
El impuesto al patrimonio, sumado a la excesiva carga tributaria, lo que hace es desestimular la inversión, promover la salida de capitales al exterior, conduce a inequidades y termina el Estado recibiendo mas dividendos que los socios de una empresa.
En el caso de los productores del campo (ganaderos y agricultores), la imposición de este impuesto al patrimonio es mucho mas injusto. Conozco cientos de fincas que a pesar de estar evaluadas en mas de $1.000 millones, dichos terrenos no pueden ser explotados en su totalidad y por consiguiente no permiten tener una actividad lo suficientemente rentable. La misma injusticia ocurre cuando el cultivo tiene varios años improductivos (palma, caucho, forestación, café, frutales, cacao), en este caso el productor del campo debe pagar de todas maneras dicho impuesto, así el cultivo no haya producido ni pa’ tomarse una coca cola. Y cuidado llegan a colgarse en las otras obligaciones tributarias como el impuesto de rentas, IVA, industria y comercio, predial y la vacuna de los grupos armados al margen de la ley, porque ahí si es verdad que se los lleva el guere-guere.
Muy verraco hacer empresa en este país con tanta carga tributaria.