La designación de Eduardo Montealegre Lynett, como nuevo Fiscal General de la Nación, en propiedad, en remplazo de Vivianne Morales Hoyos, quien debió renunciar al cargo luego de que el Consejo de Estado declarara nula su elección, constituye una noticia positiva y esperanzadora para el país.
Y decimos positiva no sólo por la persona escogida, el abogado Montealegre Lynett, sino por el hecho mismo, ya que le pone fin a una interinidad a todas luces peligrosa para una institución tan compleja y tan importante para la administración de justicia.
Montealegre Lynett es un abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista y profesor de derecho penal por varios años, que además fue Viceprocurador General de la Nación y Magistrado de la Corte Constitucional, además de abogado litigante y con mucho prestigio.
Sin lugar a dudas se trata de una elección acertada, sin que esta afirmación signifique demeritar a las otras dos personas que integraban la terna: la exministra de Justicia, Mónica de Greiff y la doctora Clara Mesa Zuleta.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia le da al país un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Fiscalía General de la Nación, que lleva ya dos fiscales que han durado menos de año y medio y – como es elemental- no ha tenido unas políticas institucionales y de continuidad para la entidad más importante del sistema de administración de justicia del país.
Nos deja un sabor amargo, la incertidumbre de no conocer – a ciencia cierta- si el periodo de Montenegro es por cuatro años, como dice la Constitución Política de 1991, y es la tesis del gobierno, o por año y medio, aproximadamente, que sería el tiempo que faltaría si se hubiere dado de manera inmediata el remplazo de Mario Iguarán Arana.
Independientemente del ilustre profesional seleccionado, nos atrevemos a afirmar que el país necesita que la gestión del Fiscal General sea de cuatro años, no por un capricho o por determinadas tesis jurídicas, todas con relativa validez, sino por una razón de administración y gerencia. Cuatro años es lo mínimo que necesita una persona en una institución del Estado colombiano para iniciar un plan de desarrollo institucional, proyectar y establecer unas políticas y articular su labor, en este caso, con el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, y con organismos como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.
Los colombianos esperan mucho de la gestión del nuevo Fiscal, se trata, nada más ni nada menos, de recuperar la imagen de una institución que ha tenido muchos tropiezos en su vida jurídica, a partir de 1991, y que tiene una inmensa responsabilidad en la estructura del Estado de Derecho.
Y por ello se hace necesario que el Ejecutivo, como bien lo ha expresado el Presidente Juan Manuel Santos, el mismo Congreso de la República y las altas cortes, faciliten que el nuevo Fiscal General pueda trabajar con la independencia y la autonomía necesaria para hacer lo que le corresponda en la oportuna y adecuada administración de justicia, con el respeto al debido proceso y a las garantías que establece nuestro sistema, pero con la debida verticalidad que exigen las circunstancias de Colombia.
Estamos hablando de la institución más poderosa del país, con más de 22 mil cargos de libre nombramiento y remoción, con un presupuesto abultado de miles de millones de pesos y con una responsabilidad inmensa. En efecto, recordamos que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación liderar la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la corrupción, entre otros flagelos, y de allí la gran importancia de esa designación. Muchos éxitos al nuevo Fiscal General.