En Valledupar y el Cesar es posible ver obras inconclusas en muchos lugares, los llamados ‘elefantes blancos’ están invadidos por la maleza y el tiempo ha generado que algunas se caigan. La no terminación de dicha obra o la mala ejecución de la misma genera un detrimento patrimonial.
Si bien hay obras que entran a hacer parte del listado de elefantes blancos en Valledupar y el Cesar, hay preocupación en la comunidad porque pueden haber proyectos que no se entreguen este año que terminan los mandatarios actuales su periodo en las administraciones, no obstante, las autoridades como la Contraloría puede entrar a solo cuando existe un detrimento patrimonial, es decir que el contrato ya está liquidado y pagado, mientras se encuentre en ejecución no se puede hablar de obra inconclusa.
Sin embargo, el ente de control realiza visitas periódicas, requerimientos y controles de advertencia; por ejemplo, la vía El Zanjón-Pueblo Bello, que según logró conocer este medio de comunicación a la Contraloría Regional le han entregado la documentación requerida por la misma y ha realizado visitas y reuniones con el director de la obra, contratistas, Invías y Gobernación para que expliquen qué está pasando en ese proyecto.
Antes del proceso se hace una advertencia de manera preventiva, cuando la obra, a pesar de las advertencias hechas por el ente de control, se inician los procesos de responsabilidad fiscal para que se devuelvan los recursos, pero según la Contraloría en estos momentos las obras que se están realizando en distintos municipios del departamento no hay procesos de responsabilidad porque están en ejecución y no se han liquidado los contratos.
EL PILÓN siempre ha tocado el tema de los elefantes blancos que hay en la ciudad, esas obras que empiezan pero que nunca las terminan y terminan convertidas en basureros. La obra inconclusa más antigua de la ciudad es la Unidad Oncológica es que este 2015 cumple 12 años esperando que los ocho mil millones de pesos que se invirtieron no se pierdan; también está lo que sería el Centro Comercial La Granja, en el cual se invirtieron 3 mil millones de pesos, y pese a que se ve lejos que se le saque provecho a la estructura que hay ahí, el mandatario local habló de establecer en ese lugar a la Policía Metropolitana y no se podía dejar por fuera lo que hubiese sido un Hospital Materno Infantil con toda la tecnología de punta del momento, el área de baños de la plaza Primero de Mayo y la Concha Acústica del barrio Doce de Octubre, que como lo mencionó este medio de comunicación en su edición del 20 de diciembre del año pasado “son otras de las obras que se convirtieron en monumento a la desidia pública”.
Las obras se pueden catalogar como inconclusas las que son objeto de contratación que fueron liquidados hace mucho tiempo y por alguna razón nunca las culminaron, respecto a las obras de Valledupar, la Contraloría Regional tuvo conocimiento de estas y la remitió a la Contraloría Municipal, porque no eran competencia de nosotros porque son obras que se elaboran con recursos propios y nosotros no podemos intervenir ahí, nosotros entramos a investigar cuando son obras del Sistema General de Participación o de recursos de regalías”, expresó el gerente de la Contraloría Regional, Juan Jaime Celedón.
La Ley 610 del 2000 es la que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías y reza que “el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.
De igual manera, la Ley declara que “el funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el Dane para los períodos correspondientes”.
Para determinar si la obra está o no atrasada, los contratistas tienen un cronograma de trabajo y estipulan la terminación de ciertas fases de la misma y muchas veces los resultados no son lo que las personas esperan, muchas veces pueden observar que el proyecto no avanza de la manera debida, pero según el ente de control a veces en la documentación que corresponde a determinado contrato puede observarse que los términos están bien en términos generales, no obstante, hay oportunidades en que coincide la percepción de la comunidad con la realidad y públicamente la Gobernación y los contratistas han sustentado un relativo atraso en algunas obras como en el caso de la Universidad Nacional, sin embargo, por medio de planes de contingencia y el trabajo continuo, al parecer se ha logrado que estén cumpliendo con los cronogramas de actividades.
Comunidad perjudicada
Sin lugar a dudas, los que más sufren con el hecho que no se realice una obra es la comunidad, según las declaraciones del Personero de Valledupar y presidente de la Federación Nacional de Personeros, Alfonso Campo Martínez, “las consecuencias son nefastas porque la comunidad está cumpliendo con una condición doble, primero aporta recursos a las administraciones municipales, departamentales y nacionales por medio del pago de los impuestos y estos recursos se utilizan para contratar obras que necesitan las distintas personas y si esa comunidad no resulta beneficiada, eso genera una irregularidad y malestar entre la gente”.
La Personería tiene competencia sobre los funcionarios de las administraciones municipales, excepto al alcalde, puede investigarlos disciplinariamente y pueden solicitar el acompañamiento y compulsarle copias a la Procuraduría, Fiscalía y la Contraloría General.
Obras terminadas pero en mal estado
Además de las obras que no son finalizadas, hay unos proyectos que si bien son terminados en el tiempo pactado en el contrato pero que no poseen las especificaciones técnicas y pueden representar un riesgo para la sociedad, por ejemplo El Chorro de La Paz.
Una ingeniera civil de la Contraloría aseveró que a El Chorro se le ha hecho seguimiento en tiempo real desde el momento en que se empezó la obra y que la situación que se presentó con los muros el año pasado fue por la manera en que está hecho el encerramiento.
“En El Chorro hay tres tipos de encerramiento, dos de ellos está hecho con cimiento de concreto, pero aquí como estamos hablando de que corre un afluente era necesario que estuviera hecho con una viga de cimentación y una zapata y esas partes están hechas en el encerramiento de tipo tres que se hicieron en pequeños lugares. Por ese tipo de encerramiento fue que se cayó el muro”, explicó la profesional.
Este hecho puede constituir un hallazgo, eso no significa que exista una sanción, simplemente puede haber un proceso de responsabilidad fiscal y puede haber un resarcimiento del daño por parte del contratista y se puede tomar correctivos para corregir el daño y que el detrimento desaparezca.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
freddy.onate@elpilon.com.co