Hace pocos días se aprobó por parte del Congreso de la Republica la famosa Ley “anticontrabando”, buscando con ello endurecer las penas contra el contrabando, fortalecer la institucionalidad en la lucha contra este delito, favorecer la competencia legal en el comercio y aumentar el recaudo tributario, lo que denota una vez más que no estamos yendo por el camino correcto para enfrentar el delito y por lo tanto no estamos siendo asertivos para enfrentar esta problemática social; pues está demostrado que aumentar las penas para este tipo de actividad ilícita o crear nuevos tipos penales no sirve para nada.
Como ya lo había expresado en una columna anterior, en Colombia no hemos entendido que el derecho penal no resuelve nada; por el contrario, las condenas lo que generan es cada vez más problemas: hacinamiento en las cárceles, motines, delincuencia interna y un gran dolor y sufrimiento para los familiares de los reclusos. En esencia, la eficacia de la pena no está en su aumento, sino en su certeza, vale decir, lo que sería eficaz es que se aplique el derecho penal de manera preventiva (política criminal) y que se detenga a los delincuentes; la solución no está en que se les aplique más o menos pena.
Ahora, si el susto o miedo que produce el anuncio de cárcel fuese la solución, ya hubiese desaparecido tal actividad, porque no es la primera vez que se habla de mandar a la cárcel a los contrabandistas, toda vez que en los tres últimos gobiernos se han aprobado varias reformas de este orden, donde se han establecido este tipo de medidas y dicha actividad aún se mantiene intacta.
Creo que es un total desacierto del Gobierno Nacional intentar tapar el hueco fiscal haciendo uso del derecho penal para disipar el problema económico, dejando de lado una problemática social sin resolver, pues no podemos olvidar que quienes se dedican al contrabando lo hacen en su mayoría estimulados por un ambiente de desempleo y pobreza, situaciones que en La Guajira y el Cesar abundan. Ahora no quiero ni pensar qué va a pasar con la numerosa población que se dedica al contrabando de hidrocarburos en las distintas poblaciones de estos dos departamentos, casos emblemáticos como Albania, Maicao y La Paz, donde esta actividad se realiza públicamente por un grueso de personas y a la vista de las autoridades policivas y aduaneras.
¿Será entonces que van a meter a la cárcel a la mitad de los habitantes de estas poblaciones? ¿Será que el Gobierno Nacional previó los estimativos de lo que le cuesta mantener esta numerosa población en la cárcel? ¿Será que el director de la Dian previó el daño que le puede causar esta medida al entorno del grupo familiar de este centenar de personas? ¿Será que el Gobierno ya tiene resuelta las alternativas de reconversión laboral de esta población? ¿Será que el Gobierno ya dimensionó el peligro y los daños que pueden generarse ante una eventual persecución a esta población?
De tener razón el gobierno y confirmar su hipótesis, solo espero que se combinen las garantías propias de nuestro Estado Social de Derecho con la eficacia de estas normas y los derechos fundamentales de esta población, porque está demostrado que cuando se endurece la persecución contra el delito se comenten muchos errores e injusticias y no vaya a pasar que el remedio sea peor que la enfermedad.