Por: Amylkar D. Acosta M1
El Gobierno de Santos recibió la posta del anterior tendiente a establecer una Regla fiscal. Se trata de corregir el déficit fiscal que además de crónico es estructural y de paso congelar parte de los recursos provenientes de la bonanza de precios del carbón, el petróleo, el níquel y el oro, en dólares o en euros. De este modo se busca por una parte ahorrar en la época de las vacas gordas y disponer de tales recursos en la época de las vacas flacas para poder hacer política fiscal contracíclica, y por la otra se trata de evitar así una presión adicional sobre la tasa de cambio, que tanto daño le hace a los demás renglones transables e incluso a aquellos que no siéndolo compiten con las importaciones.
Así lo han hecho Noruega y Chile, con mucho éxito, constituyendo un Fondo de Estabilización con los mayores ingresos productos de la bonanza. Este Fondo sería parte integral de la propuesta Regla Fiscal, que busca básicamente obtener un superávit primario del 1.5% del PIB como mecanismo de estabilización fiscal, fórmula esta que cuenta con una gran acogida en el país por lo loable de sus buenos propósitos. Este, entre otras cosas, se considera como uno de los prerrequisitos para que la economía colombiana recobre la calificación Grado de Inversión de su deuda soberana que perdió hace más de una década.
La Regla fiscal no es otra cosa que una batería de normas para volver por los fueros de la disciplina fiscal, tan venida a menos en los últimos gobiernos. La propuesta presentada parte de la hipótesis de que la economía crecerá a un ritmo promedio del 4.5%, que la producción de crudo llegará a los 1.5 millones de barriles hacia el 2018 y que el precio del mismo oscilará en torno a los US $87 el barril. No obstante, como se suele decir, una cosa es que el pasto esté verde y otra muy distinta es que hayan regresado las vacas gordas a pastar. En suma, con las reglas fiscales se busca básicamente cautelar los desbalances fiscales, reduciendo la volatilidad de la política fiscal y al mismo tiempo asegurando su sostenibilidad. De acuerdo a Kopits y Symansky (1998), una regla fiscal es entendida como una restricción permanente en la política fiscal, en términos de un indicador del desempeño fiscal agregado.
Esta no es la primera vez que se habla de bonanza y de enfermedad holandesa en Colombia; recordemos que con ocasión del hallazgo de crudo en el piés de monte llanero en los 90 también se armó una algarabía como la actual. Pero, todo fue víspera de mucho y día de nada, pues la bonanza petrolera no tuvo ni la magnitud ni la perdurabilidad que se vaticinó, pues se sobreestimaron las reservas descubiertas. Lo único positivo que quedó de semejante alboroto fue que a raiz del mismo se aprobó por parte del Congreso de la República el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) en 1995, el mismo que posteriormente se ferió desatentadamente en víspera del coletazo de la gran crisis global enredando su manejo y ahora se busca restablecer.
Las reglas fiscales pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo u orientada hacia la transparencia. Son muchos los países que cuentan con su Regla fiscal; según un estudio reciente del FMI, en la actualidad cerca de 80 países en el mundo, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, utilizan una o más reglas basadas en metas numéricas y han venido haciendo carrera en Latinoamérica desde la década de los 90. La Unión Europea (UE) la adoptó primero a través del Tratado de Maastricht y posteriormente mediante el Pacto por la Sostenibilidad y el Crecimiento. El caso más relevante en la región es el de la regla fiscal de Chile adoptada en el año 2001; también Brasil, Perú y México adoptaron reglas similares para encauzar sus finanzas públicas. Ello explica en gran medida porque estos países, a diferencia de Colombia que no tenía cómo hacerlo, sortearon con más éxito los embates de la crisis global reciente.
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