La semana pasada estuve en Valledupar y me sorprendió muchísimo el tremendo caos en la movilidad, la proliferación de negocios informales y la impresionante inseguridad que tiene azotada a sus habitantes.
De aquella ciudad de la década de los ochenta, la de las calles y avenidas bien dimensionadas; de las zonas residenciales acertadamente configuradas; de los sectores comerciales bien distribuidos; del sistema de transporte ordenado; de las calles limpias y las tertulias familiares en las puertas de las casas, no queda nada. Era la época de los buenos alcaldes como Armando Maestre Pavajeau, María Clara Quintero, Alfredo Cuello Dávila, Afranio Restrepo, Miguel Meza Valera, Fausto Cotes, Álvaro Muñoz y Rodolfo Campo Soto. La época dorada de la buena planeación, ejecución y manejo transparente de los recursos públicos. La que permitió que Valledupar, fuera una de las ciudades más prósperas y de mayor desarrollo económico sostenible del país.
Lamentablemente, las cosas comenzaron a cambiar para mal. A mediado de la década del 90, aparecieron tres plagas -las guerrillas de las Farc y el ELN, los grupos paramilitares y los clanes políticos- que acabaron con el progreso de la ciudad y la tranquilidad de los ciudadanos. Fue entonces cuando surgieron las pescas milagrosas, extorsiones y secuestros de empresarios, sindicalistas y periodistas. La gente vivía literalmente secuestrada en sus casas y en la ciudad. El impacto negativo en el desarrollo económico y social durante los siguientes años fue nefasto.
Con semejante panorama, en el año 2002, al día siguiente de haber tomado posesión, el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidió realizar un consejo de seguridad en Valledupar, para restablecer el orden, la seguridad y la reactivación económica de la ciudad y el departamento. A los pocos días, la puesta en marcha de la política de seguridad democrática, ahuyentó a los grupos armados al margen de la ley, permitiendo que los empresarios y la población, en general, regresaran a sus fincas y negocios. Con la inyección de un paquete de recursos públicos para obras de infraestructura y el desarrollo agropecuario, logró sacar a la ciudad y al departamento de la sala de urgencias en que se encontraban.
Desafortunadamente, la plaga más peligrosa -la corrupción política- no se alcanzó a erradicar y por el contrario, se fortaleció durante los siguientes años con la complacencia de los gobiernos centrales de turno y de algunos órganos de control. Este perverso matrimonio entre gobierno nacional, congresistas, mandatarios locales, órganos de Control y contratistas, acabaron con la ciudad y el departamento. Lo que está sucediendo con la ejecución de las obras de los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos, es el más claro ejemplo de esta perversa alianza para delinquir. Según denuncias de la Procuraduría, se han gastado 139.000 millones de pesos, y no han concluido las obras de varios escenarios deportivos y el complejo de 575 apartamentos para albergar los deportistas el próximo 24 de junio, cuando se inauguren los juegos.
Esta mezcla de ineficiencia administrativa y corrupción pública, logró que Valledupar y el Cesar, entraran al ranking de las ciudades y departamentos con los índices más altos de pobreza, corrupción, desempleo, inseguridad, costo de vida y bajo crecimiento económico, del país. Lamentable situación.