Vuelve y juega. De nuevo los distribuidores de combustibles de Valledupar acuden al paro para buscar una salida al problema que afrontan y presionar al gobierno nacional y a las demás autoridades a atacar, con mayor efectividad, el contrabando de combustibles desde Venezuela.
En realidad se trata de un viejo problema que, día a día, sigue creciendo frente a una gran indiferencia del gobierno nacional, desde Bogotá. Como todos sabemos en esta región, el abismal diferencial de precios entre la gasolina y los combustibles en Venezuela, frente a los de Colombia, han estimulado un masivo contrabando de estos productos.
Tienen mucha razón los distribuidores en pedirle al Estado garantías para el ejercicio de su negocio. Así se lo hicieron saber directamente al Presidente Santos en su reciente visita a Valledupar; ante semejante competencia desleal no hay negocio que valga.
Sin embargo, el acudir a las vías de hecho como ha ocurrido lo único que han propiciado es que se confirme lo que muchos sospechaban: el comercio ilegal es el gran abastecedor de combustibles en Valledupar y en buena parte del Cesar, el Magdalena y el Atlántico; ya que la Guajira goza de un régimen especial.
Desde estas páginas hemos defendido la legalidad, lógicamente. Pero, la realidad es tozuda y – en este caso- la economía se impone; frente a unos combustibles tan baratos, que llegan hasta La Paz a la mitad o menos de los precios nacionales no hay represión que valga.
El comando de Policía Cesar no puede poner un policía en cada metro de la frontera y llenar de puntos de control las carreteras entre los dos países. El único que ha podido reducir el diferencial de precios es el invierno, ya que las lluvias si afectan las múltiples trochas por las cuales entra la gasolina.
En este caso, el toro -como se dice popularmente-, hay que cogerlos por los cuernos. Se requiere la intervención urgente del Ministerio de Minas para lograr un acuerdo con Venezuela que le permita a los cesarenses, y en especial a Valledupar, contar con un régimen especial en esta materia, teniendo en cuenta que somos zona de frontera igual a Santander, Norte de Santander y la Guajira.
Lo contrario es nadar contra la corriente. Razón tiene, también, el Alcalde Fredys Socarrás, cuando advierte que el problema se sale de las manos de la administración y reconoce que sin los recursos de la sobretasa a la gasolina queda muy difícil mantener en buen estado la malla vial de la ciudad.
Pero, su contribución es fundamental para la búsqueda de una salida definitiva al problema teniendo en cuenta el problema en su integridad, la equidad de esta región frente a las otras y también el bolsillo de los habitantes de la capital del Cesar, como bien lo ha planteado el Gobernador Luis Alberto Monsalvo.
Hay que revisar el tema de los cupos y buscar que los distribuidores mayoristas puedan entrar, legalmente, en nuevo esquema de negocios y se puedan abastecer de la gasolina del vecino país, como única manera de hacerle frente al comercio ilegal detallista como está sucediendo ahora.
Ojalá esta protesta sirva para que el gobierno central asuma el problema con seriedad y deje de darle largas a un tema informal que, reiteramos, viene creciendo a la vista de todo el mundo. Buena parte de la solución al problema, tal como está planteado, depende del mismo gobierno del Presidente Chávez. Así de claro y así de sencillo.