Expertos sociólogos nacionales, mediante publicación de ensayos, manifiestan que problemas relacionados con la ausencia del Estado, la falta de políticas públicas y las disputas por el control territorial, entre otros, han sido durante los últimos sesenta años, algunos de los factores detonantes del conflicto armado en el país, protagonizado por grupos al margen de ley que permanecen en el tiempo, liderando la industria de actividades ilícitas, utilizando distintas modalidades de violencia directa que afectan continuamente a la población civil.
En Colombia se han fortalecido las llamadas “zonas grises”, definiendo su presencia geográfica entre los límites departamentales y, en áreas fronterizas terrestres de los países vecinos; siendo franjas territoriales sin ley que surgieron desde la década de los años noventa, ocupadas por grupos insurgentes. Su coloración gris, nace de la combinación entre el color blanco, representado por un territorio donde predomina la legalidad y la tonalidad negra, aludiendo a las circunstancias que emergen del conflicto armado interno.
Son muchos los negocios ilícitos que se llevan a cabo en estas áreas, que, al permanecer ausentes de Estado, funcionan a manera de “república independiente”, donde la violación de los derechos humanos está siendo amenazada por los delitos relacionados con el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, inmigración irregular, secuestros, entre otros; desencadenando un problema de seguridad nacional, impidiendo el libre desarrollo socioeconómico de las zonas afectadas.
Los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron una cifra de 154.000 hectáreas sembradas de coca en el año 2019; alcanzando un mayor aumento en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, cerca de los límites con el departamento del Cesar, con más de 41.000 hectáreas registradas. Es una zona gris que inicia su corredor de este a oeste, desde la frontera con Venezuela, traspasando cinco departamentos y el río Magdalena, hasta llegar a la serranía del Darién en Panamá.
Las disputas territoriales generan un alto índice de violencia entre estructuras organizadas. Este 2020, ha dejado miles de familias desplazadas, flagelo que ha tomado fuerzas desde el inicio del confinamiento obligatorio originado por el covid-19.
Pienso que es el momento oportuno para que el Gobierno se pellizque, y brinde todas las garantías necesarias previstas en la Ley 1448 de 2011, con la puesta en marcha de rutas para entregar los componentes de asistencia humanitaria integral a las familias víctimas de desplazamiento.
Bajo mi punto de vista, se hace indispensable para la atención de las zonas grises, dar inicio a la construcción de gobernabilidad a través de líneas de acción unificadas, integrando actividades con entidades gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado, apoyadas de operaciones militares, con el fin de lograr objetivos comunes en búsqueda del restablecimiento del orden público armonizado con el desarrollo comunitario.