Con la mirada atónita, observando cómo demolían el que fue su hogar por cinco años, con lágrimas que caían por sus mejillas, Ana Fernández padeció intensamente el desalojo anunciado y efectuado por la Inspección Civil Urbana de la Policía en la manzana ocho de Chiriquí Norte.
Ahora con sus pocos enseres en la calle, con tres hijos y sin un trabajo estable, no tiene idea cuál será el rumbo que vaya a tener su existencia; puesto que no tiene recursos, ni familiares que la ayuden en este crítico momento, por lo que armó una especie de cambuche en la carretera a la espera que la administración municipal la ayude con un albergue temporal.
Así como ella, 47 familias más vivieron con amargura la expulsión de sus ranchos de barro, cartón y madera. Este martirio inició desde la noche del lunes primero ante la proximidad de un proceso del que se habían librado en dos ocasiones anteriores, por lo que sabían que era inevitable y se avivó en la mañana de ayer cuando efectivos de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, llegaron al lugar.
Cómo previamente habían firmado un acto de compromiso de desalojar voluntariamente, fueron sacando una a una sus pertenencias a las afueras de las viviendas, desmantelando las láminas de zinc y las piezas de madera, para apostarse en las calles a la espera de un milagro, porque no saben a ciencia cierta dónde se refugiarán, reflejando en sus rostros tristeza y desasosiego.
Aunque son conscientes de que son invasores de predios privados, sólo claman a las autoridades competentes que les ayuden a tener soluciones de vivienda, argumentando que se vieron obligados a invadir por ser desplazados sin recursos.
Voces de invasores
Luis Carlos Martínez expresó a este medio que “estoy desesperado y preocupado porque mi familia y yo no tenemos para donde coger. No tenemos trabajo; la verdad no sé que voy a hacer”.
Entre tanto Yurley Paternina manifestó “estoy muy triste porque nos arrebataron en un instante lo que construimos en meses. No es justo que nos desalojen sin darnos un albergue”.
Hablan las autoridades
El delegado de la Personería de Valledupar, Tirso Maya González, aseguró que la entidad que representa ha actuado como garante de los derechos humanos, reuniéndose con los otros entes, como Comisaría de Familia, Policía Nacional, Policía de Infancia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Gobierno Municipal e Inspección Primera Civil Urbana, para tratar de buscar una solución pacífica a esta situación; indicando que los afectados en este proceso, además de las familias que fueron desalojadas, son las personas que ya tienen su subsidio de vivienda y están a la espera de que les construyan.
“Los niños tuvieron un tratamiento especial por parte del ICBF que, en coordinación con Policía de Infancia y Adolescencia y los Comisarios de Familia, plantearon a los padres la opción de entregarlos en garantía de cuidado por término de 10 a 15 días para que ellos les brindaran sostenimiento y preservación del menor. El 97% no aceptaron, entonces se les dijo que ellos se hacían responsables de ellos”, explicó.
De acuerdo a Maya González, a las mujeres embarazadas, en aras de proteger el feto, se les dio un pequeño auxilio para que buscaran donde mudarse por uno o dos meses mientras solucionan este inconveniente; y también ofrecieron a todas las familias el transporte de sus enseres hasta su nueva residencia.
Por su parte, el teniente de la Policía Fabián Rivera Campo, subcomandante de la estación Valledupar, expresó que “nosotros con personal del Esmad tratamos de disuadir al personal que se encuentra invadiendo el terreno; hasta ahora (medio día de ayer) todo ha marchado pacifico. La gente ha entendido la situación que se ha presentado y estamos procediendo al derrumbamiento de los ranchos con máquinas. Llegamos desde las 5:00 a.m., para hacer una especie de concientización del proceso que se iba a realizar”.
Por Annelise Barriga Ramírez
Annelise.barriga@elpilon.com.co