Mis veinte años al servicio de la rama judicial me mostraron, entre otras cosas, que quienes han intentado reformar el sistema de justicia no han llegado al meollo de la cuestión, la han soslayado y ahora pienso que repiten la dosis, toda vez que lo que debe buscarse es un aparato judicial eficiente y eficaz y de eso poco se habla en los proyectos, que son más pura fachada que otra cosa.
El mal de nuestra justicia es la mora judicial, es decir que no hay capacidad operativa para que los asuntos sometidos a consideración de jueces y fiscales, tribunales y altas cortes se tramiten dentro de los términos establecidos y es que ni siquiera con algo de retardo, lo que sería entendible, sino que el desfase es gigantesco, lo que simple y llanamente es denegación de justicia. A nadie le sirve un fallo cuando ya está muerto.
Del actual proyecto liderado por la ministra del ramo se destacan en los medios de comunicación asuntos que cómo ya se expresó no son fundamentales, pues si bien eso de ampliar la inhabilidad de uno a 4 años para que el Fiscal General, el Procurador, el Contralor y los magistrados de las altas cortes puedan aspirar a un cargo de elección popular es bueno, pero nada tiene que ver con que un fiscal o juez carezcan del equipo humano y material para desempeñar sus delicadas funciones o si las leyes que aplica resultan las más adecuadas. También es buena la propuesta de cambiar los requisitos para ser magistrado de alta corte, pues establece una edad mínima de 50 años y aumenta su periodo constitucional a 12 años. Igualmente intervendría, abriría el sistema de elección en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, al establecer una convocatoria pública, pero mientras tanto los expedientes que contienen los negocios civiles, que se cuentan no por cientos, ni por miles, sino por millones se van convirtiendo poco a poco en alimento para los comejenes y en frustración colectiva.
El proyecto que tiene poco de criticable en sí, y si se convierte en norma para poco o nada habrá de servir para atacar el gran mal que es la mora judicial que además es semilla de corrupción.
Las noticias sobre la facultades judiciales a los notarios no son claras, pero si se está pensando en darle competencia a estos funcionarios en materia de procesos ejecutivos, que no son asuntos complejos, se habrá liberado al poder judicial del triste papel de cobrador de las deudas, con lo cual además y fundamentalmente se recobrarán recursos humanos y materiales que habrán de servir de apoyo al resto del muy necesitado y paquidérmico sistema de justicia.
Para mí con ese proyecto, mientras no se demuestre lo contrario tiene mucho tilín- tilín y nada de paletas.