Cuando estas líneas lleguen a los lectores, el Gobierno habrá decidido suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, basado en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que clasifica este herbicida, el más utilizado en el mundo, en el grupo 2A de sustancias carcinogénicas, es decir, entre las que “probablemente” lo son.
En este grupo, en el que “hay pruebas limitadas en humanos -actualmente no concluyentes- y suficientes en animales”, el glifosato comparte calificación con los esteroides, gases de carburación automotor, lámparas bronceadoras y actividades como peluquería y refinación de petróleo.
No sobra anotar que en el Grupo 1, el de los carcinogénicos sin discusión, están las bebidas alcohólicas, el tabaco, los contraceptivos orales y la radiación solar. Es bien conocido el impacto de los dos primeros sobre la salud y mortalidad mundial, pero en estos casos el “debate ético” apenas ha logrado algunas prohibiciones y la limitación de la publicidad, que se burla alegremente, pero nadie en el mundo ha pensado -o ha logrado- suspender el cultivo de tabaco o la producción de bebidas alcohólicas. En nuestro país se mueren cada día doce personas de cáncer de pulmón y el alcohol causa el 50% de los accidentes de tránsito y buena parte de la criminalidad urbana.
Ni qué decir de las drogas que el glifosato ayuda a erradicar. En el mundo matan a miles de personas al año -para 2012 la ONU las estimaba en 200.000-, amén de su impacto sobre las muertes violentas y por infección con VIH. Tampoco encontré cifras recientes para Colombia, pero ¿Cómo negar el impacto del narcotráfico como financiador de la violencia y sobre la descomposición institucional y social del país?
Así pues, el debate ético no se puede definir entre glifosato sí o glifosato no, a partir de una clasificación de “probabilidad” que hoy aplica para muchos productos y actividades sobre las cuales no se asoman siquiera decisiones radicales, pero sí controles considerados suficientes a nivel mundial. El debate ético debe comparar ese riesgo probable frente a riesgos efectivos -los del Grupo 1- que son objeto de decisiones realistas. El debate ético debe enfrentar ese riesgo probable, calificado de bajo en el primer escenario, contra el riesgo efectivo y alto de las muertes por drogadicción y por la violencia del narcotráfico.
No creo, realmente, que el informe del INS haya sido ocultado por el Gobierno, pero sí que no hubo mayor interés en divulgarlo, como el mismo informe recomendaba, “sea cual fuere la decisión”. Menos creo que se pueda acusar al Procurador de ignorar intencionalmente el escenario 2 del informe -Suspender uso del glifosato-, pues con la misma lógica se podría acusar al Gobierno de ignorar el escenario 1, que analizaba con argumentos la opción de “continuar uso del glifosato” para erradicar cultivos ilícitos.
Es más, leyendo con detenimiento, encuentro que al Procurador le habría servido hacer referencia a lo que presuntamente omitió con mala intención. Allí se dice que “Dado que no se cumplen los cinco requisitos establecidos por la Corte Constitucional para dar aplicación al principio de precaución, no consideramos viable el argumento de acogerse al mismo”, y allí también se plantea solamente “una suspensión temporal inicial” mientras se allega más evidencia o se ratifica el planteamiento de la IARC, que el informe no considera definitivo. El Gobierno hizo lo contrario: Apelando al principio de precaución, se apresuró a ordenar la suspensión definitiva. ¿Por qué? Esperemos que no sea por cuenta de las Farc.
Nota Bene. Entretanto, los cultivos ilícitos crecen y los narcos de fiesta.