Para nadie es un secreto que las actividades mineras son de alto riesgo, pero estos se atenúan con la implementación de estrictas medidas de seguridad y con eficaces estrategias de salud ocupacional. Nos referimos a este tema por los descubrimientos de la Fiscalía General de la Nación con relación al desfalco a los fondos de pensiones por parte de trabajadores de las minas de carbón, especialmente Drummond, la más grande empresa carbonífera en el Cesar.
Según las investigaciones del ente acusador, hay quienes recurren a artimañas para pensionarse por invalidez sin tener reales limitaciones físicas o mentales para cumplir los requisitos para alcanzar ese beneficio. Por esa conducta, ayer fueron capturados 15 personas que reciben mesadas pensionales como extrabajadores de Drummond.
No estamos condenando a nadie, pero sí preocupa la situación porque hay profesionales de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar que aceptaron su responsabilidad en el desfalco al sistema pensional estimado en más de 1.200 millones de pesos. Este escándalo tuvo sus primeras 19 capturas entre los meses de abril y mayo de este año; es decir, van más de 30 y de buena fuente conocimos que faltan más.
“Cuando el río suena piedras lleva”, por lo que la Fiscalía debe adelantar las investigaciones y establecer responsabilidades individuales, porque cada trabajador tiene circunstancias diferentes, además no se puede estigmatizar los procesos de los empleados mineros que sí cumplen con todos los requisitos exigidos para obtener las onerosas pensiones gracias a los buenos salarios que ofrecen las minas.
“No pueden pagar justos por pecadores”, como lo advirtió el presidente del Sindicato de Profesionales de la Minería, Jammer Trillos, al conocer de las recientes capturas de extrabajadores con un promedio de 40 años.
Consideramos que las investigaciones de los entes de control deben ser en doble vía porque en algunos casos se ha evidenciado manejo de las administradoras de riesgos laborales para desconocer los derechos de personas que en relación a su exposición a rutinas y excesos de trabajo padecen algún tipo de enfermedad profesional.
No hay justificación para hacer trampa al Estado aunque el régimen de pensiones sea tan inequitativo, altamente costoso: los colombianos hemos pagado en el último año $41 billones para financiar las pensiones de más de dos millones de personas. Adicionalmente, los subsidios del régimen público se dirigen a financiar las pensiones más altas, en detrimento de quienes menos devengan. Como si fuera poco, solo 1 de cada 4 personas mayores de 65 años se pensiona en Colombia; algo debemos estar haciendo mal en el país y no se ha podido o querido corregir.
Según Colfondos, la realidad demográfica de nuestro país indica que cada vez hay más adultos mayores y menos jóvenes para pagar las pensiones de los primeros, lo que demuestra la inestabilidad de un sistema que cada día disipa más las esperanzas de las nuevas generaciones para llegar a pensionarse con un ingreso digno.
Gran tarea tiene para el próximo año el presidente Iván Duque, con la reforma pensional que estaría enfocada en tres puntos críticos: la baja cobertura, la regresividad del sistema pensional y la coexistencia entre dos sistemas pensionales.