Como se recordará, ante la amenaza cierta de un apagón en la región Caribe, después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el pasado 15 de noviembre la Superintendencia de Servicios Públicos se vio precisada a intervenir a Electricaribe, filial del consorcio español Gas Natural–Fenosa (GNF). Lejos de espantar el fantasma del racionamiento programado por parte de la empresa administradora del Sistema X.M por impago de la energía a sus proveedores, cada día que pasaba estábamos más cerca de esta contingencia.
Y no era para menos, al esgrimir las razones que la llevaron a tomar tan drástica decisión el Superintendente José Miguel Mendoza adujo que la difícil situación financiera por la que atravesaba la empresa en ese momento “puede llevarla a una inminente cesación de pago, en los términos del numeral 7 del artículo 59 de la citada Ley” de servicios públicos 142 de 1994. Y de contera, añade la Resolución de la Superintendencia, “no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas”. En consecuencia, el Gobierno Nacional no podía permitir que la región Caribe se apagara y quedaran a oscuras los 2.6 millones de usuarios a los cuales les presta el servicio Electricaribe. Había que evitarlo a toda costa.
Al disponerse la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos se tomó “posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe)” y se procedió en consecuencia”. El primer paso y el fundamental que se dio con la intervención fue estabilizar financieramente a la empresa para poder cubrir las facturas por compra de energía y de esta manera conjurar el riesgo de racionamiento. Para ello se tuvo que inyectarle recursos por valor de $520.000 millones a través del Fondo Empresarial que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos. El objetivo final era que el Fondo Empresarial pudiera obtener recursos que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de Electricaribe”.
GNF apeló la decisión de la Superintendencia alegando, entre otras razones, que se había pretermitido el concepto previo favorable para dicha intervención de parte de la CREG, tal como lo establece el artículo 121 de la Ley 142 de 1994. Transcurridos los dos primeros meses de la intervención, la Superintendencia procedió a prorrogarla dos meses más, los cuales se cumplen el martes 14 de marzo (hoy), el Día D. La superintendencia dejó en claro, para que no quedara ninguna duda, de que “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”.
Concomitantemente con la intervención ha seguido su curso la controversia planteada por GNF contra el Estado colombiano, notificada a este el 12 de julio del año anterior, amparándose en el Acuerdo para la Protección a la Inversión (APRI) suscrito entre Colombia y España hace una década. En un pronunciamiento reciente de GNF dijo que si para el 3 de marzo de este año “no se llega a un acuerdo con el Gobierno de Colombia” ello los habilitaría “para solicitar un arbitraje internacional”. Es decir, GNF se apresta a presentar la demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington. Por esta razón fue que finalizando el año anterior alertamos sobre esta eventualidad que ahora está a punto de materializarse. Y si no han dado ese paso es porque están a la espera de conocer la decisión de la Superintendencia sobre la intervención.
El día D la Superintendencia de Servicios Públicas deberá tomar la determinación de dar por concluida su intervención a Electricaribe con fines de administración y le retorna su control a GNF o si, por el contrario, continúa avante su intervención, pero esta vez con fines de liquidación. mantiene un solo mercado o si este se segmenta, en aras de prestar un servicio con la eficiencia, calidad y continuidad como lo manda la Ley.
Finalmente, es importante dejar en claro que la intervención ha servido para evitar los racionamientos programados y lo ha logrado, para reducir la exposición en Bolsa por parte de Electricaribe y la misma ha pasado de un 65% a un 34%, los cual constituye un alivio para los usuarios. También se ha mejorado la atención al usuario y en algo ha mejorado también la precepción del usuario con respecto a la imagen de la empresa. Ello hay que abonárselo a la Superintendencia y a sus interventores, a cuya cabeza están Edgardo Sojo y Javier Lastra.
Por Amylkar D. Acosta Medina
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