Imagínese el drama. Un día usted se acuesta tranquilo. De pronto, despierta no solo sobresaltado, sino aterrorizado. Su cuerpo está incompleto; una de las extremidades le ha sido amputada sin que a usted, con pleno uso de sus facultades mentales y físicas, se le consultara la decisión. Se la amputaron en un acto indolente y dictatorial, como si su vida o su opinión no valieran cinco centavos.
En el colmo de la indolencia, del desprecio por el ser humano, los días transcurren sin que ningún médico, o autoridad de la clínica, se digne darle alguna explicación para paliar su desesperanza. Solo oye rumores de voces vecinas especulando que la amputación era necesaria para salvar al mundo. Alguno, en el colmo del cinismo, llegó a afirmar que el mundo bien vale la pena para unos cientos de víctimas.
¿Puede tomarse la decisión de amputación sin consultarle a la futura víctima? ¿Quién asume el costo de semejante barbaridad? ¿Quién y cómo se compensa a aquellos a quienes se les arrebató su sustento y su legado?
“Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”, dirán muchos. La “coincidencia” está ocurriendo, con la virtualidad de aterrorizar también a buena parte de la comunidad, sorprendida por el procedimiento. Hoy miles de familias rurales vallenatas, sin ni siquiera enterarse, fueron amputadas al despojárseles de sus tierras, de unas tierras que han labrado y valorizado por decenas y decenas de años, unas tierras que le han propiciado el sustento, y unas tierras que constituyen su hábitat, porque ahí nacieron, se criaron y ahí pensaban ser enterrados. Fuera de ellas son parias, desarraigados y seguramente habitantes harapientos de las calles y los semáforos.
En síntesis, en un acto sorpresivo y prepotente, el gobierno colombiano decidió, sin mediar palabras ni consultas, ampliar en 172 mil Ha. el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, despojándose de cuajo, solo en el territorio de Valledupar, a más de 25.000 personas de sus tierras (Censo 2018), de sus vidas, de sus sueños, todo en nombre de un acto loable de bondad por el medio ambiente.
Como lo comenté hace 8 días, esta medida de ampliación es lo máximo de restrictiva para la gobernanza del municipio de Valledupar, y, en especial, para el uso económico de la tierra para aproximadamente 25 mil personas que por centenas de años la han cultivado con guineo, plátano, malanga, café, cacao, aguacate, maíz, etc., y que un día aciago despertaron con que su tierra ya no les pertenece. Si les pertenece, aclaro, pero con ‘algunas limitaciones’: no pueden usarla, ni venderla, ni comprometerla. ¡Casi nada!
Lo más seguro, cosas de mi pueblo, es que esos cultivos sean reemplazados por hojas de coca, pues los grupos ilegales son especialistas en instrumentalizar a las comunidades desguarnecidas de bases militares, que tampoco podrán construirse por ser obras de infraestructuras.
LAS FORMAS SÍ IMPORTAN. No es solo el qué, sino el cómo. La protección del medio ambiente es, sin duda, una causa noble y necesaria. Sin embargo, la nobleza de un propósito no justifica cualquier medio para alcanzarlo. La ampliación del área de protección de la Sierra Nevada, afectando a miles de familias, es un ejemplo de cómo un acto en apariencia loable puede convertirse en una auténtica tragedia si se desatiende la realidad humana que subyace tras las cifras y los mapas.
Una decisión de tal magnitud debería haber sido socializada y consultada, al menos con aquellos afectados directamente. ¿No somos acaso una democracia, además participativa? ¿No es la voz del pueblo la guía de nuestros líderes?
Quiero ser enfático. Aplaudo y apoyo la protección del medio ambiente, pero doy la vida por el derecho de las comunidades a participar en su autodeterminación. Y la doy por el derecho de las familias a participar en las decisiones que afecten su arraigo. La protección del medio ambiente nos atañe a todos, pero también nos atañe la justicia social y el respeto por la dignidad humana, esto es, nos atañe la democracia.
Los habitantes de Valledupar, y sus alrededores, fueron silenciados en un acto de menosprecio hacia su dignidad y sus derechos. No permitamos que este agravio quede en el olvido. Alcemos nuestras voces en defensa de aquellos que han sido pisoteados, de aquellos que han sido arrojados al vacío por una política de exclusión que olvida su deber hacia los ciudadanos.
Las decisiones arbitrarias y unilaterales solo han llevado a guerras y sufrimientos en la historia de Colombia. Aprendamos de nuestro pasado y aboguemos por un diálogo inclusivo, en el que todos los actores sean partícipes en la construcción de un futuro sostenible y justo. Porque, al final, la historia se repite, y siempre seremos testigos de la cosecha de la indiferencia si no alzamos nuestra voz en contra del despojo silencioso.
Por Camilo Quiroz H.
@camiloquirozh