A pesar de la descentralización, hablar de desarrollo territorial es un tema bastante sensible en los entes territoriales. Todos tienen una matriz DOFA que los caracteriza e identifica con debilidades y fortalezas en sectores, pero muchas veces esas fortalezas, que no siempre son económicas, no se potencian para saltar y/o reducir las brechas sociales por las leyes que los obstaculizan.
Desde otrora vienen arrastrando y cargando los territorios, y por ende su gente, con una deuda o carga social que se le asigna o impone por el legislativo y ejecutivo nacional, competencias y funciones que deben atender sin contar con los recursos en el marco de autonomía administrativa y financiera.
En el Cesar, la costa Atlántica y el país, se consolidan municipios con varios sectores: minero-energético, agropecuario, comercial, industrial, turístico, cultural, entre otros. Y observamos como a voz populi los catalogan como si fuera una regla general en el tiempo, que algunos municipios son ricos y otros pobres por la cantidad de recursos económicos que recibieron o reciben, como una oportunidad única e irrepetible, que fueron en ascenso a la par de la alta contaminación ambiental, la alta tasa de embarazos en adolescentes, la alta tasa de violencia intrafamiliar y homicidios, hacinamiento en aulas y viviendas, la alta tasa de crecimiento urbano, el calentamiento del sol y destrucción de la tierra, y otras externalidades negativas.
Pero que llegaron al pico máximo (bonanza) y no nos dimos cuenta, y ahora tomaron la curva de decrecimiento los ingresos y los recursos naturales, por ser escasos; y por otro lado, estar inmersos en las amenazas cambiantes de la economía mundial, que invita a cambiar la transformación de las energías fósiles e industrias contaminantes por energías limpias y no contaminantes, como todo chorro que siempre termina en gota.
Si bien es cierto que se espera superar los problemas de eficiencia, priorización en la inversión social y económica, de equidad en la asignación del gasto y de capacidad de planificación y gestión de las entidades territoriales, adolecen de los recursos suficientes para resolver los problemas, que hasta los que reciben regalías directas y compensaciones no han alcanzado a cubrir las coberturas básicas en servicios domiciliarios (APSB, electricidad, gas e internet), donde varias de las empresas ESP prestadoras de los servicios a los usuarios son contratadas o creado su modelo desde el nivel central y no satisfacen las necesidades de la población; lo mismo que en los servicios sociales (salud, educación, cultura, etc.): son regulados por los ministerios y restringen el poder de maniobra a los municipios hasta en los servicios complementarios. Y muchos municipios fueron vetados de la inversión nacional y departamental por ser mineros, donde son los que más debían ayudar.
La exponencial demografía en los territorios se produjo por el boom de la explotación del carbón, petróleo y gas de los pueblos beneficiados. Y cuando por Ley 141 de 1991 y 756 de 2006, los recursos de los municipios productores iban en crecimiento y empezaban a dar soluciones definitivas a los problemas mayúsculos. Pero vino la envidia y en el año 2011 fueron rapados por el Gobierno nacional, para compartir los mayores recursos con los municipios no productores y grandes ciudades del país, tal como lo demuestra el acto legislativo del SGR.
OTROS RECURSOS
Al iniciar la bonanza, los municipios productores tuvieron que aprender por prueba y error, porque no tuvieron un acompañamiento del Gobierno nacional para la planificación y control urbano, que al expedir de manera simultánea las licencias ambientales y títulos mineros, sin hacerlo de manera progresiva mientras las poblaciones iban adaptándose al cambio y preparando a su gente, trajo un aumento de la población foránea, invasiones en lo urbano y rural de personas de origen nacional y extranjero, buscando oportunidades laborales y empresariales, y por ende múltiples necesidades que hoy no saben los mandatarios cómo resolverlas.
Y se suma que a muchos de los nativos les fue negada la oportunidad de trabajo y de educación, porque en ese momento era escasa la oferta educativa técnica, tecnológica y superior. Porque para nadie es un secreto que apenas es que los pueblos han despertado y vienen exigiendo que en los planes de desarrollo se inviertan los recursos en formación del capital humano y en reconversión laboral y productiva, porque la pobreza es alta y baja la planificación territorial para aprovechar sus ventajas competitivas y comparativas.
Y consecuentemente encontramos que la gran mayoría de municipios del país no han ajustado ni revisado sus planes de ordenamiento territorial, POT, como la carta de venta para atraer inversiones privadas y públicas y aprovechar los usos del suelo para que los impactos se maximicen en lo productivo, laboral, ambiental y lo económico, y por ende armonizarlo con los planes de desarrollo municipales, PDM, lo que inhabilita la ejecución de proyectos por usos de suelo. Y aún más distante porque los PDM deben armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, PND, que difiere en tiempo y es distante al no obedecer a las necesidades de las comunidades. Estamos al revés porque debería aprobarse y adoptarse primero los PDM y simultáneamente, o después, el PND, para que Colombia avance de manera ordenada, participativa y a las realidades del país.
Sin embargo, debemos analizar y entender que en muchos municipios existen muchos recursos, tangibles e intangibles que no vemos, ni valoramos, y no se les presta atención aunque tienen más importancia, los cuales son necesario para la sostenibilidad y el desarrollo humano, que es lo que debe interesarnos a todos.
Hablamos de los recursos naturales que nos dio la madre naturaleza: ciénagas, ríos, cascadas, montañas, valles, playones, ecosistemas naturales con su flora y fauna, que le dan la autenticidad e identificación turística al territorio. Así como las interconexiones viales, la infraestructura pública y privada, la asociatividad y la conexión a los mercados objetivos, entre otros que nos dan competitividad.
Es necesario que los avances alcanzados con la descentralización política, administrativa y fiscal, se aprovechen en función del fortalecimiento de la capacidad de desarrollo económico local y regional. Por eso es importante que el capital humano genere desarrollo endógeno que trascienda con principios, valores, identificación y formación cultural, lo cual permite potenciar las ventajas comparativas y competitivas de cada territorio, más allá de los productos y servicios que se ofrecen y tiene el territorio por tradición, que son únicos, inigualables e irrepetibles, como la agricultura, gastronomía, las artesanías, las agroindustrias. He allí el gran reto de todos.
Pero encontramos que los municipios, sean o no mineros, entraron en la era del siglo XXI y la brecha es muy grande en la producción de riqueza, como por ejemplo: seguimos con la producción agropecuaria tradicional y no tecnificada y científica, y ni hablar de la fabricación de productos industriales, tecnológicos y demás de alto valor agregado y competitivo, los cuales deben importarse porque no los producimos en los mercados local, regional y nacional, consecuente con la educación y formación tradicional impartida de ser empleado y no empresario.
Por consiguiente, las políticas públicas territoriales y nacionales no parecen tener visión de largo plazo y dirección, porque la mayoría de los recursos recibidos no se han utilizados en formar capital humano con capacidades diferentes a las tradicionales que siguen ofreciendo los mismos programas educativos en las universidades e instituciones educativas de la región, y que deberían estar a la vanguardia de las instituciones nacionales e internacionales, con la capacidad de innovar, emprender, crear y vender productos y hacer industrias para satisfacer mercados nacionales e internacionales, para que se generen empleos e ingresos con valor agregado, y no sumisos en las migajas de los empleos que ofrecían las multinacionales, a expensas de dañar la naturaleza, y los de la politiquería.
CONCLUSIONES
En síntesis, todo obedece a cómo se hicieron y se siguen haciendo las negociaciones, pareciera que sin patriotismo o dolor por el recurso de los colombianos, las cuales estuvieron en cabeza del Gobierno nacional. No tuvieron en cuenta a las entidades territoriales, por eso algunos proyectos de explotación no socializaron el inicio de las operaciones y mucho menos convinieron para el carbón el porcentaje de lo que se le llamó regalías y compensaciones, aprobadas mediante ley, que no superó el 8 % y después se redujo al 5 %.
Pero lo ilógico fue que le concedieron exenciones de impuestos de ICA y rentas a las multinacionales, que hubieran superado hasta las regalías. Mucho menos se negoció la transferencia de tecnología (educación) a capital humano nacional, que se hubiera podido lograr de países desarrollados a países en vía de desarrollo, y entrega de los proyectos a empresas nacionales, a cambio de la explotación de productos no renovables.
Y si la visión de país fuera de cara al futuro, Colombia estuviera con sus empresas nacionales y territoriales explorando, explotando, transportando, y transformando los minerales, vendiéndolos como energía y metales de alto valor a países de la órbita mundial, y el PIB fuera más alto, porque las ganancias quedarían aquí y los municipios y su gente fueran más ricos por la capacidad de transformar. Ese es el reto, porque el mundo cambia rápidamente y no podemos quedarnos en el pasado entregando las riquezas a otros países y no utilizando a nuestra gente para ser productivos y competitivos.
Por Geiner Ramírez Jiménez