Es lamentable que las urbanizaciones Nando Marín y Lorenzo Morales, dos proyectos estratégicos que ayudaron a que más de 3.000 familias vulnerables de Valledupar tuvieran
techo propio, hoy tengan graves problemas con la propiedad legítima de alrededor de 900
apartamentos que podrían ser desalojados para que los ocupen personas que en realidad los necesitan.
El secreto a voces de que la entrega de casa gratis era un negocio de avivatos, hoy toma
más fuerza que nunca porque el Fondo de Viviendas de Intereses Social y Reforma Urbana de Valledupar, Fonvisocial, reveló que de las 2.080 viviendas de Nando Marín y 1.000 de Lorenzo, hay 900 bajo estudio para procesos de restitución de inmueble porque los beneficiarios habrían incumplido el pacto de propiedad que firmaron cuando el gobierno
les otorgó las escrituras de los predios.
Esto demuestra que hubo graves fallas en el proceso de escogencia de los beneficiarios hace más El desalojo de las casas gratis de cinco años. De las investigaciones en curso, el 80 por ciento corresponde a beneficiarios que presuntamente no habitan las viviendas
y el 20 restante a personas que habrían facilitado los inmuebles para actividades ilícitas.
Según las investigaciones, hay quienes están arrendando los inmuebles o los han vendido, cuando el compromiso era que debían habitarlos por lo menos 10 años.
Si la mayoría de beneficiarios de las casas gratis entregadas en el gobierno Santos eran familias vulnerables que tuvieron que refugiarse en los asentamientos de la margen derecha del río Guatapurí, es inconcebible que a través de artimañas hoy varios de esos
núcleos familiares tengan dos o tres viviendas.
Este escándalo tiene versiones opuestas: mientras el Ministerio de Vivienda y Fonvisocial destapan las fallas cometidas por los beneficiarios, los desalojados denuncian irregularidades en la forma en que se están llevando a cabo los seguimientos que generan
los desalojos, ya que habría propietarios que por circunstancias de fuerza mayor (enfermedades, trabajo, etc) no habitaban los apartamentos y hoy tienen sus enseres en la calle. Además hay quienes afirman que varios procesos de desalojo que no avanzan por supuesta cercanía de los sospechosos con funcionarios de la administración municipal. Sean verdad o mentira esas denuncias, el Gobierno debe investigar y tomar las medidas necesarias para garantizar transparencia en los procesos.
Sabemos que sí hubo avivatos en el proceso de asignación de estos dos proyectos, pero también sabemos que la mayoría es gente necesitada y que gracias al programa de
vivienda de Santos hoy tienen mejores condiciones de vida. Ayer fueron cinco familias desalojadas, lo que significa que cinco nuevas llegarán, por lo que las autoridades deben brindar las garantías de seguridad para que no se generen conflictos entre los antiguos y nuevos residentes. Siempre se ha hablado de la necesidad de mayor acompañamiento
institucional para los habitantes de Nando Marín y Lorenzo, y este momento de crisis es el ideal para una intervención integral que ayude a imponer la cultura de la sana convivencia y la legalidad.