Muy oportuna la campaña que adelanta la Registraduría del Estado Civil para que los padres de familia le den la identidad en su debido momento a sus hijos. No es capricho de la entidad nacional, sino una necesidad imperante para que los menores puedan recibir los beneficios como ciudadanos colombianos.
Ahora cuando las comunicaciones son más fáciles y el acceso a los servicios estatales están a la mano del ciudadano, es cuando se nota que no todos los padres cumplen con el deber sagrado de darle un nombre a los pequeños.
Nunca antes el Estado colombiano había tenido una oferta tan grande de atención a las familias, en las que obtienen beneficios los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Es esta misma oferta, la que casi raya en el paternalismo, la que obliga a los padres de familia a tener en regla los documentos de identidad de los menores, porque sin estos no puede acceder a los ofrecimientos.
Las últimas cifras que indican que el 50 por ciento de los niños cuentan con un registro civil de nacimiento extemporáneo, es decir, muchos meses o años después del nacimiento, merecen que sean analizadas por los mandatarios locales para que desde las Alcaldías se apoye a los funcionarios de la Registraduría para que hagan campañas masivas de identificación. No se justifica que aun sigan niños que no aparecen en las estadísticas del país.
Los campesinos y los indígenas que viven en zonas apartadas son los primeros en la lista. Es ahí donde se deben llevar las campañas. La institucionalidad no debe dejar cabos sueltos, al alcance de los grupos armados que se llevan a los menores de edad (NN) sin ningún tipo de identificación, los que finalmente no cuentan para el Estado porque no aparecen registrados en ninguna base de datos y por ende sin ningún tipo de protección.
Las jornadas que próximamente se harán en la Serranía del Perijá, en las jurisdicciones de los municipios de La Paz, Becerril y Codazzi, son un buen inicio para que otras poblaciones también pidan que se repliquen las jornadas de identificación. El derecho a tener un nombre y una nacionalidad es el tercer derecho de los niños, de los diez que tiene establecido el gobierno nacional y que son promovidos por Naciones Unidas.