La Constitución Política colombiana de 1991 manifiesta que son fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los derechos de las personas y que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y libertades de la población residente en este país.
La lideresa arhuaca Leonor Zalabata participó en la Asamblea Constituyente, que definió este y otros principios, desde el punto de vista de las posibilidades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para la actual embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, “no ha habido un desarrollo real” de los derechos de estas comunidades.
“Nosotros deberíamos pertenecer a la ley orgánica de ordenamiento territorial del país, pero nos han dejado por fuera”, dijo Zalabata a EL PILÓN.
Al parecer, las diferencias políticas, culturales, religiosas y de pensamiento en general han sido impedimentos para que la población étnica, y demás personas, vean completamente materializados sus derechos.
“La base más importante es reconocer los derechos de todas las personas, aunque sean distintos, para convivir y compartir”, agregó la activista en entrevista con este diario.
LA PAZ
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” reza la Constitución en su artículo 22, por eso la funcionaria cesarense considera que es necesario “terminar con el conflicto armado para que realmente se empiece a construir la tranquilidad firme y duradera” que anhela la sociedad colombiana.
Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición “las violencias históricas marcaron a los pueblos indígenas en un trauma colectivo que muestra falta de reconocimiento de sus experiencias y del derecho a sus territorios”.
Sin embargo, para la Comisión la década del 90 significó ese reconocimiento de derechos e ingreso a la democracia de los pueblos étnicos lo cual sigue siendo defendido por la Corte Constitucional.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.