Era un secreto a voces, desde hace mucho tiempo se comenta que altos funcionarios de la Rama Judicial, que eran nombrados por poco tiempo, uno, dos o tres meses, lograban jugosas pensiones, gracias a normas inconvenientes sobre este aspecto del sistema de seguridad social.
Para nadie es un secreto que la posibilidad de una pensión en Colombia es un privilegio de pocos. Durante mucho tiempo el país dejó de lado este tema y buena parte de las pensiones del sector público se están financiando con recursos ordinarios del Estado, ya que no se cumplió ningún proceso de capitalización y reserva para tal fin.
Es la historia de Cajanal, y – en parte- también la del Seguro Social. Sólo a partir de la Ley 100 de 1993 el país ha venido a ordenar un sistema serio de pensiones, para el sector privado y – en parte- para el sector público. Sin embargo, buena parte del Estado no tiene fondos con los cuales respaldar las pensiones de sus funcionarios.
Pero lo más grave no es el tema financiero que hace rato pesa sobre el déficit fiscal de la Nación y la sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno central. Peor que lo anterior, es el tema de al corrupción en el sistema de reconocimiento de las pensiones de altos funcionarios del Estado que con poca permanencia en sus puestos, nombrados por tráfico de influencias, logran jugosas pensiones que son una verdadera ofensa para el resto de colombianos que tienen que trabajar décadas, algunas veces más de treinta y cuarenta años, para lograr pensiones de uno, dos y tres salarios mínimos, cuando mucho.
En buena hora, la Contraloría General de la República ha puesto el dedo en la llaga; en esta ocasión es el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura. El ente de control ha decidido llamar a juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados de ese Consejo, por el nombramiento irregular de unos setenta funcionarios, que le han representado al Estado más de 13 mil millones de pesos en reajuste de pensiones. No hay derecho…
Se trata de nombramientos por uno, dos o tres meses, reiteramos, a dedo, sólo con el fin de utilizar normas que favorecen este perverso mecanismo de liquidación de las pensiones del sector oficial. El país está en mora de revisar este tema.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli, ha anunciado que se revisarán una serie de pensiones millonarias, no sólo en el caso de las llamadas altas cortes sino también en el Congreso de la República, donde también es común la práctica en mención.
El país, la sociedad civil, por medio de las llamadas veedurías ciudadanas, como también las ONG y otras organizaciones deben respaldar esta valiente decisión de la Contralora General, encaminada a ponerle coto a este problema y a cerrar esa verdadera vena rota de las finanzas del Estado.
El propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, por medio del nuevo Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Ruega, debe liderar la revisión de estas normas a todas luces inconvenientes y perversas, y propiciar una legislación que acabe con este tipo de privilegios y que ordene las pensiones de los altos funcionarios del Estado, para que estas guarden relación con un periodo mínimo de servicios y un adecuado y sano financiamiento de las mismas. Reiteramos, no hay derecho a este tipo de privilegios cuando la gran mayoría de los colombianos tiene que ahorrar toda una vida para lograr una modesta pensión, si es que el tiempo de servicio le permita lograr ese “privilegio”, en nuestro medio, cuando en otros países serios y organizados es un simple derecho luego de una vida de trabajo. La Contraloría ha puesto el dedo en esta llaga, en buena hora.