El país apenas está conociendo la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque a consideración del Congreso de la República, bajo el eufemismo de Ley de financiamiento, cuando en realidad es una reforma tributaria. Así de claro y así de sencillo.
La propuesta tiene aspectos interesantes, algunos que nos parecen buenos, otros malos y otros realmente sin presentación, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, debemos decir que no ha habido claridad sobre la magnitud del déficit fiscal, en algunos momentos se habló de 25 billones, ahora se habla de 14 billones, etc. El presupuesto Nacional de 2019 fue aforado en 259,5 billones, es decir el déficit sería de un poco más del 5 por ciento.
No fue oportuna la presentación de la reforma, el tiempo que queda para su discusión es corto, un poco más de cuarenta días, y hay que decirlo: el ministro Alberto Carrasquilla ha visto debilitada su fuerza política, a raíz del debate y hasta la propuesta de moción de censura, por los llamados bonos agua o “bonos Carrasquilla”.
Del proyecto de reforma se destaca que reduce la tributación a las empresas, la actual tasa de impuestos le resta competitividad a muchos empresarios colombianos ante sus pares en el resto del mundo. Igualmente, la mayor tributación a las personas naturales de altos ingresos. Esa es la línea, según la política de la mayoría de países integrantes de la OCDE.
No nos gusta, debemos decirlo, que buena parte de los recaudos esperados se fundamenten en el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Esto representa un fuerte sacrificio para las familias de menores ingresos y la clase media. Además no está clara la forma de devolución. No tiene presentación subir, de un solo tajo, de 0 al 18 por ciento la tarifa general del IVA. Se podría explorar una tarifa selectiva del diez por ciento. Consideramos injustificado el IVA a la venta de periódicos y revistas, una medida como esta acabaría con esta industria editorial.
Además, no vemos en proyecto medidas efectivas de lucha contra la evasión de impuestos, y de afectar el problema de la ineficiencia en el gasto público y luchar, igualmente, contra la corrupción, por donde hoy se pierden buena parte de los ingresos del Estado. No tiene presentación que el Estado pida más recursos para su funcionamiento y el gasto social, pero, a su vez, no muestre medidas claras y contundentes de luchar contra el cáncer de la corrupción.
Finalmente, consideramos necesario que el Gobierno, desde el propio ministro Carrasquilla, y no sólo el viceministro Luis Alberto Rodríguez, orgullosamente vallenato, tenga que llevar la tarea de explicar los alcances del proyecto, al que le esperan un fuerte debate político, más que un debate técnico, como sería lo ideal. Corresponderá al Congreso de la República, estudiar con detenimiento la propuesta de Reforma Tributaria, mal llamada Ley de financiamiento, y analizarla de manera integral y pensando más en los intereses comunes de la gran mayoría de los colombianos, y no de los pocos grupos de interés que siempre hacen presión y “lobby” por los pasillos del Parlamento. Ojalá del Congreso Nacional salga una reforma tributaria que ayude a afrontar el déficit fiscal, pero no sobre la espalda de las clases medias y populares; y la DIAN que intensifique su lucha contra la evasión y el Estado en su conjunto la guerra contra la corrupción.