Por: Indalecio Dangond Baquero
Me preguntaba un alto funcionario de una multinacional que porqué no había puesto mi nombre a consideración de los partidos de la coalición del Gobierno Nacional para la consulta a escogencia del candidato a la Gobernación del Cesar?. Por dos razones, le respondí: Porque no le invertiría a una campaña diez mil millones de pesos y – en segundo lugar-, porque los que eligen no son los que leen la prensa, sino los que van al baño con ella.
Asombrado con la cifra, él ejecutivo volvió a preguntar. ¿Cómo puede una persona gastarse el equivalente a 5 millones de dólares para ser elegido a un cargo donde el sueldo es de tan solo 8’829.013 pesos mensuales? que multiplicado por 48 meses que dura en el cargo solo obtiene ingresos por 424 millones de pesos? ¿Cómo hace para recuperar los 9.600 millones restantes?
Lo que todo el mundo sabe y comenta, es que la recuperación de esa inversión, por lo general, se hace a través de las comisiones que dejan los contratos en obras de infraestructura, restaurantes comunitarios, distribución de medicinas, construcción de colegios, hospitales y convenios de asistencia técnica, adquisición de semovientes y adecuaciones administrativas, entre otros.
En Colombia la financiación de las campañas políticas son mixtas. Los recursos provienen exclusivamente de fondos privados: empresas, particulares o préstamos bancarios. En un departamento de menos de 500 mil electores pero con más de 100 mil, que es el caso del Cesar por ejemplo, un candidato puede alcanzar 220.178 votos o más, pero sólo le pagarán 220.177 votos para un total de 401.607.184 pesos, que es el tope para un departamento de estas dimensiones. Se parte de la base de que el candidato se ajustó a las disposiciones y no invirtió más que esa cantidad. De no hacerlo, será sometido a una sanción que comprende el no pago de los votos por reposición y la pérdida de la investidura. Los partidos deben establecer un sistema de veeduría interna y registrarla ante el CNE. El auditor será el responsable solidario en caso de que se descubran irregularidades.
Esos gastos por fuera de la contabilidad, son los que permiten ganar la contienda electoral, porque son para financiar campañas de candidatos a las alcaldías, asamblea y concejos, a cambio de los endosos de sus votos al candidato a la Gobernación. Por lo general un voto se transa en el mercado entre los 50 y 70 mil pesos, dependiendo el estado de pobreza del votante. Los otros recursos se gastan en transporte, publicidad, sedes, ron, cemento y conjuntos vallenatos en los cierres de campaña.
Este sistema de elección popular, ha llevado al atraso a nuestras regiones y por ende al incremento de la pobreza y la corrupción. Aquí no se necesita ser idóneo y tener una reputación impoluta. Los planes de gobiernos carecen de propósitos y objetivos a largo plazo, las metas y prioridades de la ejecución de los programas son cortoplacistas y las estrategias de política económica, social y ambiental no tienen ningún impacto en la comunidad. Como puede ver, aquí las cuadrillas políticas están integradas por unos cuantos ineptos y corruptos, que se disfrazan de defensores de los pobres, para turnarse el poder. Y hasta deciden, quienes deben controlarlos.