En Colombia existe una crisis social que los gobiernos maquillan y ocultan a su conveniencia. Según cifras reveladas por el DANE, de acuerdo al informe del mercado laboral, nos indican que aproximadamente 3.216.000 colombianos se encuentran desempleados, 5.7 millones de connacionales logran obtener el ingreso para su subsistencia de la actividad informal y actualmente mucho más de 16 millones de compatriotas se encuentran en medio de las nefastas y deplorables situaciones que genera la pobreza.
Bajo este panorama desolador, se presenta una gran amenaza, el COVID-19, una pandemia que amenaza la salud pública, integridad y subsistencia de las personas. El Gobierno nacional se vio en la necesidad de implementar medidas de choque contundentes para prevenir su contagio a través de la cuarentana obligatoria en el territorio nacional con el agravante de la difícil situación económica y social de millones de colombianos que ante las medidas se le imposibilita ganarse el sustento.
Ante esta realidad se decreta el estado de emergencia y se promulgan otros decretos que garantizan a las personas vulnerables contar con subsidios y ayudas que le aseguren mitigar su precaria situación, alcaldes y gobernadores proceden en la misma línea y muchos optan por decretar la urgencia manifiesta para tener los elementos, facilidades y la agilidad en la contratación que les permita salvaguardar la vida y coadyuvar en el sustento de las familias vulnerables, permitiendo con ello el cumplimiento del aislamiento.
Gobiernos territoriales contratan la adquisición de elementos de bioseguridad y mercados para su población vulnerable y lograr que apacigüen su difícil situación, esto genera la eterna crítica y discusión de siempre, donde se acusa a muchos gobernantes de no entregar las ayudas a las personas que realmente lo necesitan, que favorecen solo a sus aliados políticos y al personal que contribuyó con su elección, pero lo más grave y preocupante son las denuncias por sobrecosto en el valor de los contratos, lo que desata una conmoción y especulaciones a nivel general.
Pero lo que muchos olvidan, desconocen u omiten son los gastos que deben cubrir los contratistas derivados del contrato, como lo son el pago de estampillas, parafiscales, retención en la fuente, impuestos, póliza de garantías y demás, que deben incluirse en el costo que la entidad debe pagar, para que al contratista le sea rentable y no incurra en pérdidas.
Debemos ser objetivos al momento de criticar y denunciar, no podemos pretender que se contrate a precio de mercado, obviando que existe deber legal de los contratistas de cumplir unas obligaciones, por ejemplo en un contrato de $100.000.000 debe asumir en algunos municipios el pago de estampillas del 4 % proanciano, 2 % prodeportes, 2% procultura, 3% prodesarrollo, 0.5 % UPC y 1.5 % departamental, lo que representaría un equivalente al 13 %, es decir, $13 millones de pesos, sin incluir el pago de seguridad social y parafiscales, gastos de logística, demás tributos y deberes legales.
Que existe corrupción, si, que en algunos casos hay sobre costos, también, que gobernantes y contratistas aprovechan la crisis para hacer su agosto; es una realidad, pero también es cierto que muchos actúan de manera transparente, honesta y responsable con su comunidad, por eso debemos estar atentos y vigilantes, pero también denunciar y realizar criticas bajo un análisis y estudio real minucioso y a la realidad financiera y legal de la contratación.