El infortunio de habitar sobre yacimientos mineros (oro, petróleo, níquel, gas o carbón), lejos de ser una redención, parece configurar una maldición, y lo que es peor, se avizora un panorama no muy alentador para los departamentos de La Guajira y el Cesar, el más fiel retrato de la tragedia ambiental y humana que vive el país, ahora ya no por cuenta del carbón sino del cobre.
El balance de la explotación del carbón en ambos departamentos no puede ser más sombrío, a juzgar por los estándares de pobreza o de estadísticas de desnutrición y mortalidad infantil.
Tanta riqueza en medio de tanta pobreza es la ecuación que conjugan expertos, a partir del desatino de suplantar la labranza por la economía extractiva de metales y minerales.
Max Resource Corporation, Multinacional Canadiense y Carbomas, ya tienen licencia ambiental para explotar cobre en La Jagua del Pilar, Villanueva, El Molino y Conejo, jurisdicción de Fonseca en La Guajira, mientras avanzan gestiones similares de exploración y explotación en los municipios de La Paz y San Diego.
Pese a las riquezas naturales, la corrupción en la gestión de trámites y comisiones arbitrarias, estrangulan la capacidad de desarrollo económico, sumado el gravamen abusivo de operaciones y las cláusulas no equitativas de contratos.
Son estudios muy bien documentados en el libro: ¿Por qué fracasan los países?, de la autoría de los doctores en Economía, Daron Acemoglu y James A. Robinson, profesores eméritos del Instituto de Massachusetts y la Universidad de Chicago.
Es uno de los retos para el nuevo gobierno que liderará el primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea, Gustavo Petro, a 10 días de su posesión, a tono con el sentir de la humanidad y activistas que abogan por una política pública amigable con el medio ambiente para salvar el planeta, mediante el uso de energías limpias que mitiguen el cambio climático, la ola de calor y los incendios forestales que causan decenas de muertes en Europa y Estados Unidos.
No puede ser más elocuente la catástrofe ambiental en La Guajira tras la desviación de los ríos Ranchería y Palomino y los arroyos Bruno, El Tabaco, El Cerrejón, Los Estados y El Salado, consumada la explotación de 509 millones de toneladas de carbón avaluadas en 2.6 billones de dólares; tragedia de no menor impacto para el departamento del Cesar a raíz de la extracción de carbón en las minas Calenturitas de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua, decisiones que dieron al traste con los ríos Calenturitas, Tucuy y Maracas, y el arroyo Caimancito, según hallazgos de la Contraloría General de la República, auditoría que demuestra omisión de Minambiente, la Anla y Corpocesar, con lo que se pudo evitar la hecatombe en lo que se conoce como la destrucción del corazón acuífero del Cesar.