Más temprano que tarde se debe encontrar una solución al conflicto que se suscita en la Universidad Popular del Cesar, para salvaguardar a los casi 20 mil estudiantes y 3 mil docentes, que tiene la entidad de educación superior, hoy sumida en un deterioro económico e institucional, producto de la poca voluntad del Gobierno nacional para incrementar su presupuesto y a los errores de quienes la han administrado últimamente.
Diecisiete rectores en los últimos 16 años reflejan el desacierto del Consejo Superior Universitario (CSU) para designar rector, en detrimento del alma mater, cuando lo normal sería un rector cada 4 años.
La crisis de la UPC se veía venir y está tocando fondo, pero les corresponde a los miembros del Consejo Superior, al Consejo Académico, al rector, a los docentes, estudiantes y administrativos sacar adelante la institución.
Como era de esperarse, las improvisaciones empezaron a aflorar con la crisis económica, con un déficit que podría llegar a los $20 mil millones.
El primer semestre (2022 – 1) empezó con el reclamo de los docentes de sus prestaciones sociales del semestre anterior (2021 – 2) y el inicio de un paro que empeoró al sumarse los estudiantes con nuevas exigencias, como instalación de aires acondicionados, reparación de los ascensores y cámaras de seguridad, reparaciones de las baterías sanitarias que están inservibles, regulación de las matrículas cero e implementación de las becas de Fedecesar y libros para la biblioteca, entre otras exigencias.
Se afirma que, la designación y posesión del rector titular, Robert Romero Ramírez, resolvió la eterna interinidad de dicho cargo y empezó la negociación que logró la reanudación de las clases el pasado lunes; pero, mientras se llegaba a un acuerdo un grupo de estudiantes irrumpió de manera violenta a la sede administrativa de Hurtado, con un saldo de dos administrativos agredidos y varias puertas y oficinas averiadas.
Se observa que hay una división entre los estudiantes. Unos han logrado zanjar las peticiones con el nuevo rector, para el reinicio de clases y otros radicalizaron sus posiciones en soluciones inmediatas.
Lo anterior ha provocado el alargamiento del cese de actividades por 15 días más, a partir de la fecha, hasta lograr las soluciones.
Por lo pronto, está sobre la mesa que no se puede ampliar más el calendario académico, que debería terminar a finales de junio. Esta situación está enfrentando a los que piden clases y a quienes quieren seguir en paro. En cambio, los docentes están alegando por la reanudación de las clases, tanto en Valledupar como en la seccional de Aguachica.
Los estudiantes y docentes que procuran la normalidad académica han lanzado un llamado a los manifestantes para que desistan del quebrantamiento de la normalidad y evitar que el Consejo Académico suspenda o cancele el semestre, como todos temen que pueda suceder si no se logra una mediación entre las partes.
Cancelar el semestre sería un acto incongruente para todos, porque va en contravía del verdadero espíritu de la Ley 30 de 1992 (Artículo primero), cuando señala que la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Además, posee beneficios incontables para el individuo y la sociedad, especialmente para la juventud.
Antes de aprobar la cancelación del semestre, las partes deben conversar, sentarse a detallar y lograr puntos de acuerdos. Miles de jóvenes están atentos a las soluciones, para seguir sus anhelos y su futuro, por lo tanto, no hay que claudicar; al contrario, hay que pisar el acelerador del dialogo y los acuerdos y regresar a las clases, pero también hay que solucionar cuanto antes cada una de las peticiones para que regrese la armonía y la tranquilidad. Manos a la obra.