El país ya cuenta con una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, que permitirá cambiar la rígida organización del Estado Colombiano: Nación-departamentos-municipios.
En efecto, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sancionó el pasado martes, en Cartagena, la norma que hace ajustes institucionales a un tema de la Constitución de 1991 que estaba pendiente por reglamentar.
La norma reconoce una realidad sentida y por mucho tiempo ignorada y es que Colombia es un país de regiones, originadas por razones culturales, económicas y geográficas, entre otros aspectos. Además, se cumple, en parte, con el anhelo expresado por más de dos millones y medios de costeños que en las pasadas elecciones de Congreso votaron por el voto Caribe, buscando más autonomía y recursos para las regiones.
La norma ha sido presentada como un avance por el gobierno nacional, pero recibida sin muchas esperanzas por parte de algunos gobernadores y alcaldes de esta región del país. Independientemente de lo anterior, consideramos que la nueva norma es un avance y puede servir como un instrumento para iniciar una relación diferente entre los distintos niveles de la estructura del Estado colombiano.
En primer lugar, para lograr una planificación y una articulación distinta de los planes de desarrollo. Pero, en segundo término para comenzar a reducir la profunda brecha que existe en calidad de vida entre las regiones más avanzadas y las menos desarrolladas. No es lo mismo ser pobre en Bogotá, que serlo en Chocó o la Guajira.
La historia del desarrollo económico del país ha estado caracterizada por una visión centralista y andina, en contra de la periferia donde persisten niveles insostenibles e injustos de pobreza y marginalidad.
La norma en mención permite la asociación de departamentos y municipios para desarrollar proyectos de infraestructura, y de desarrollo económico y social de gran impacto, hacer economías de escala e integrar más rápido zonas hoy aisladas. Además, se crean los fondos de desarrollo y compensación regional, una iniciativa que hemos defendido en varias oportunidades desde estas páginas.
Consideramos que los departamentos y las ciudades de la Región Caribe tienen un nuevo instrumento para cambiar sus patrones de crecimiento y desarrollo económico y social. Es mucho lo que se puede avanzar en materia de vías transversales, construcción de puertos y aeropuertos modernos y con mayores especificaciones, entre otro tipo de obras.
En el caso del Cesar, en algunos aspectos podremos adelantar proyectos en coordinación con el hermano departamento de la Guajira, pero también con el Magdalena; y con los departamentos de Bolívar y Santander, al sur.
Una de las bondades de la Nueva Ley de Ordenamiento Territorial es que no crea entes burocráticos y costosos, como temían algunos sectores de Bogotá. Y finalmente, corresponde a la dirigencia costeña, a las organizaciones de la sociedad civil, principalmente a los gremios, y a las organizaciones sociales, velar por que la misma facilite la inversión eficiente y transparente de los recursos públicos, en aras de reducir la pobreza y la inequidad, que es el principal objetivo detrás de este importante cambio institucional.