Una noticia muy preocupante se registró en Valledupar la semana pasada, y es la relacionada con la decisión de algunas clínicas de suspender la atención de las urgencias no vitales de los afiliados a Saludcoop, debido a la demora en los pagos de esta EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
Según los gerentes de varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuentas que les deben varias EPS, comenzando por Saludcoop, que supera los once mil millones, no les deja otro camino que suspender consultas externas y otros servicios, recudiéndolos a la atención de las urgencias vitales.
El anuncio generó diversas reacciones, en el caso del Secretario Municipal de Salud, Guillermo Girón, una especie de solidaridad con las instituciones, y en el caso de la Secretaría de Salud del Departamento, Ángela Salazar Dávila, la decisión de viajar de urgencia a Bogotá, para entrevistarse con directivos de la Supersalud y de la EPS Saludcoop.
Indudablemente que la crisis de la salud es un problema nacional de la mayor magnitud, que viene desde el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, pero que se ha agravado durante el gobierno del Presidente Santos, debido a la falta de acción oportuna y contundente de las autoridades nacionales del sector.
En efecto, la situación se veía venir debido a la lentitud con la cual el Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, ha manejado la crisis de la salud, a pesar de los múltiples anuncios y medidas aisladas adoptadas por el gobierno nacional.
Ha faltado y se requiere un plan de choque para el sector. Desde estas páginas hemos sostenido que el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en la crisis, debido a que facilitó su incubación al demorar los giros y pagos del sector, y la depuración de la base de datos, instrumentos esenciales para los pagos y los recobros.
No hay derecho a que esto suceda, a pesar de que el sector cuenta con unas fuentes claras de financiación, como son los aportes parafiscales de los empresarios y trabajadores, en el caso del régimen contributivo, y los del presupuesto nacional en el caso del régimen subsidiado.
Tampoco es concebible que persistan problemas como la confusión en la base de datos y las persistentes demoras de algunas EPS, a pesar de las gestiones de la Supersalud para buscar una agilización de los recursos.
En varias ocasiones hemos advertido que con la actual estructura y recursos humanos, financieros y técnicos, la Superintendencia Nacional de Salud no está en condiciones de adelantar de manera eficiente sus tareas de inspección, vigilancia y control, a un sector tan grande, tan complejo y delicado. Se debe explorar la posibilidad, como lo planteó el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, que sea la Superfinanciera la que asuma la vigilancia de las EPS, que son, en realidad, entidades aseguradoras, y que la Supersalud y las Secretarías seccionales de salud, se encarguen de la vigilancia a las IPS, que son el principal eslabón de la cadena y donde hoy se están presentando las mayores dificultades.
En el caso de Valledupar, hay que rechazar la gran inestabilidad que ha existido en esta secretaría que demuestra una tremenda debilidad institucional. Este será uno de los temas más agudos que tendrá que afrontar el nuevo alcalde, que para ventaja de la ciudadanía es médico y fue Secretario de Salud del Departamento.
En el caso del departamento del Cesar, hay que reconocer las gestiones que viene realizando la secretaria Salazar Dávila, para que la Supersalud ayude a resolver la crisis, pero insistimos en que buena parte de la solución al problema depende del gobierno nacional.
Ojalá ahora que ya existe el Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Rafael Pardo, el ministro Santamaría se concentre con efectividad en el tema de la salud y evite que se extienda la suspensión de servicios como la anunciada en Valledupar, que representa un alto riesgo para la ciudadanía y desvirtúa todo el sistema que tiene aspectos buenos pero que, lamentablemente, viene sufriendo de muchas fallas algunas de ellas también responsabilidad de los actores privados del mismo.