Un total de cinco procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos, por una cuantía que suma alrededor de 9.604 millones de pesos, dio a conocer ayer el gerente de la Contraloría General de la República en el departamento del Cesar, Limar José Blanco Castillo, en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas.
El funcionario explicó que se habla de procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos cuando por su cuantía y objeto son considerados de alto impacto dentro del departamento.
“El proceso de mayor cuantía, 5.922 millones, tiene que ver con el no funcionamiento del sistema de alcantarillado construido para el municipio de Chiriguaná, seguido por el proceso de responsabilidad fiscal por $2.506 millones que abrió la Contraloría por las irregularidades presentadas en la construcción del denominado canal de Panamá de la ciudad de Valledupar, donde la entidad afectada es el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva”, explicó Blanco Castillo.
LOS CASOS
El gerente de la Contraloría General de la República en el departamento del Cesar detalló los casos así:
-Municipio de Chiriguaná
Antecedente: auditoria vigencia 2012 al 2014
Hechos: contrato de obra No 164 suscrito por el municipio de Chiriguaná, cuyo objeto era la ampliación y optimización de la red recolectora del sistema de alcantarillado.
“El no funcionamiento del sistema construido compromete el objeto contractual, lo que puso en riesgo los recursos invertidos en una obra que no cumple el fin social que tenía, lo que deja en evidencia una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz en la gestión y manejo de los recursos”, explicó el líder del organismo de control.
Presunto detrimento: $ 5.922.577.645
-Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva.
Antecedente: actuación especial
Hechos: irregularidades en el contrato No 040 de 2014, que tenía por objeto la construcción del canal de Panamá y la avenida Simón Bolívar. Al respecto, Blanco Castillo detalló: “Hay una sobrestimación del contrato de obra en el componente AIU (administración, imprevistos y utilidades). Se presentaron hechos presuntamente irregulares relacionados con la planeación, gestión contractual, seguimiento y supervisión”.
Presunto daño: $2.506.727.244
-Municipio de Chimichagua
Antecedente: indagación preliminar
Hechos: incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoria de la vigencia 2010 por inoperancia de las redes de alcantarillado en los corregimientos de El Guamo y La Vega del municipio, donde se efectuó anticipo sin legalización alguna.
Presunto detrimento: $982.800.000
-Municipio de Codazzi
Antecedente: auditoría
Hechos: Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios nro. 002-2015 del 5 de junio de 2015 celebrado con el consorcio Alimentación Escolar 2015, cuyo objeto era la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes de instituciones oficiales del municipio de Codazzi.
“Se calculó sobrecosto en las raciones cobradas y pagadas al consorcio comparando los precios PAE de la Gobernación del Cesar con los del municipio, teniendo en cuenta las minutas que tienen un menor valor y menús iguales”, aseveró el gerente de la Contraloría General de la República en el Cesar.
Valor del presunto daño: $121.367.759
-Municipio de Codazzi
Antecedente: auditoría
Hechos: presuntas irregularidades en la ejecución del convenio de cooperación No 001, cuyo objeto era cooperación para garantizar la alimentación escolar, PAE. Frente a esto, Blanco Castillo dijo: “Se observaron en la ejecución serias deficiencias en la etapa de planeación y se determinó sobrecosto en las raciones cobradas y pagadas a la Fundación Provenir, diferencia establecida en el costo del complemento comparado con otros precios del municipio en el mismo tiempo y lugar”.
Valor del presunto daño: $70.608.769.
Hallazgos fiscales a Corpocesar
-Contrato celebrado el 17 de mayo de 2018. “Al revisar los documentos contractuales no se evidencian registros que indiquen medios utilizados para transportar a los participantes y los gatos generados, sitios donde se realizaron los eventos, número de participantes que asistieron, que el contratista haya cumplido con la prestación del respectivo informe final en medio físico y magnético sobre la ejecución de las actividades contractuales. Lo anterior generó un detrimento patrimonial por el valor total del contrato, en cuantía de $103.395.200”, aseguró el contralor general de la República en el Cesar, Limar Blanco Castillo.
-Contrato de obras cuyo objeto fue la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto es construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundación sobre la margen izquierda del río Chiriamo en San Diego, por valor de $923.300.000.
Frente a ello, Blanco Castillo expresó: “Dentro de los conceptos pagados al contratista se encontró una actividad denominada revisión, análisis y verificación de los estudios para la construcción, actividad de la cual no se encontraron soportes de su ejecución tales como informes, conceptos y recomendaciones. Además, la interventoría contó con profesionales especializados pata el desarrollo del contrato, lo que concluye que no era necesaria la actividad, esto puede generar un detrimento por valor de $244.804.352.94 que fueron pagadas al contratista por dicho concepto”.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ / EL PILÓN
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