Más de 370 mil víctimas dejó el conflicto armado y social colombiano en el departamento del Cesar, de acuerdo con el director territorial Cesar – La Guajira de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Víctor Hugo Mosquera, lo que presume una búsqueda colectiva por la verdad de esos hechos en este territorio y el resto del país.
Los municipios de Valledupar, Aguachica, Codazzi, Curumaní, Bosconia, Pailitas, El Copey, La Paz y San Diego, respectivamente, son las localidades donde más se registran casos y donde esperan encontrar respuestas sobre los horrores.
El informe final que presentó, la mañana de este martes, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición “es el abrebocas de lo que se debe saber”, aseguró una víctima cesarense durante la retransmisión del evento en la Universidad Popular del Cesar, UPC, en Valledupar.
Hasta el auditorio Julio Villazón Baquero de esta institución llegaron las preguntas del presidente de la Comisión, Francisco de Roux: “¿Cuál fue el papel del Estado y las instituciones que no impidieron, sino que promovieron, el conflicto armado?, ¿dónde estaba el Congreso?, ¿hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión?”
El 27 de julio de 2017 la UPC fue declarada como sujeto de reparación colectiva y en consecuencia se le incluyó en el Registro Único de Víctimas, RUV.
FOTO: COMISIÓN DE LA VERDAD.
RECUERDOS
Estudiantes de Sociología de la UPC recuerdan las consecuencias de la masacre de 1996 en el corregimiento de Media Luna, municipio de San Diego, Cesar.
“En la madrugada del 27 de octubre las AUC asesinaron a 14 personas, entre esos dos tíos míos, tras sacarlas de sus casas”, expresó Valeria Córdoba.
La joven upecista cree que es importante conocer la verdad sobre los muertos y desaparecidos “para no repetir la historia y no afectar más a los familiares”.
Es importante mencionar que esta comunidad académica sufrió una serie de hechos enmarcados en la violencia interna colombiana: 9 personas vinculadas a la universidad fueron asesinadas por grupos ilegales entre finales de los 80 e inicios de los años 2000.
Se trató de José Francisco Ramírez Torres, profesor; Miguel Vicente Arroyo Arias, egresado; José David López Teherán, profesor; José Alfredo Cuello Saucedo, estudiante; Elizabeth Córdoba Uliana, estudiante; Rosilda Arias Velásquez, estudiante; Miguel Ángel Vargas Zapata, profesor; Luis José Mendoza Manjarrés, profesor y Freddy Antonio Arias Arias, egresado.
LA ESPERA POR LA PAZ
Antonio Calvo tuvo que desplazarse forzosamente del departamento del Cesar, hace algunos años, por la presencia de grupos armados ilegales.
“El correlato clientelismo-paramilitarismo fue un cóctel muy tóxico que sometió a la sociedad y a la democracia”, dijo Calvo.
Él espera que se esclarezcan los acontecimientos ocurridos en 2002, con el advenimiento de la política de ‘Seguridad Democrática’.
El hombre de 66 años hoy es coordinador regional del movimiento Pax Holanda, y además trabaja asesorando a quienes se vieron afectados por los vejámenes de la guerra desde la jurisprudencia.
Leonor Salabata, activista por los derechos humanos oriunda del pueblo arhuaco, concuerda en que el conflicto armado se agudizó a inicios de los años 2000.
La líder indígena asegura que “la verdad es la cuna de la paz que necesita Colombia”, haciendo referencia al papel de la Comisión.
FOTO: EL PILÓN.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.