La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dio a conocer esta semana el informe anual del país en el que reconoce avances del Gobierno por “la determinación con la que trata de encontrar una solución negociada al conflicto armado interno y por las iniciativas que está llevando a cabo, para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Sin embargo, el país no salió bien librado. La Alta Comisionada documentó casos de agresiones, amenazas, vigilancia ilegal y robo de información a defensores y defensoras de los derechos humanos -en la mayoría de los casos, estos actos fueron atribuidos a grupos post-desmovilización- y además, recoge en dicho Informe las lecciones aprendidas con respecto a las manifestaciones masivas que caracterizaron el año 2013, celebra los avances positivos alcanzados en la esfera de los derechos de las víctimas, al tiempo que identifica las deficiencias y las dificultades pendientes y pone de relieve graves problemas de derechos humanos, como el intento de ampliar la jurisdicción penal militar y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de quienes reclaman la restitución de sus tierras.
El departamento del Cesar no es ajeno a toda esta situación. La seccional de la Defensoría del Pueblo ha documentado en los últimos años numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en los temas de víctimas y ha hecho las alertas pertinentes al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección específicamente, para que brinde garantías a los hombres y mujeres que lideran procesos con víctimas y reclamantes de tierras, especialmente en los municipios donde hubo mayor perjuicio por los grupos armados y persisten hoy con las estructuras post-desmovilización. El Copey, Codazzi, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Pelaya, Pailitas, La Gloria, San Martín y Becerril, son las poblaciones donde hay mayores riesgos por tratarse de poblaciones con alta incidencia rural.
Lo interesante de este Informe es que la Alta Comisionada recomienda que “se siga trabajando para aumentar la colaboración con las autoridades nacionales y locales, las víctimas y la sociedad civil, con miras a mejorar la situación de los derechos humanos para todas las personas en Colombia”. Es una invitación que en el Cesar debe llegarles a las autoridades locales que han estado, no todas, de espaldas a esta realidad, con mayor frecuencia en los pueblos.
Este informe dice que en el trabajo de Derechos Humanos debe ser garantizado y apoyado por la Policía Nacional, el sistema de justicia y la policía criminal y, como aliado fundamental, el sector privado. ¿Cómo es el trabajo de estas instituciones en el Cesar por los derechos humanos?