Por: Indalecio Dangond Baquero
Dentro las múltiples formas de burlar la justicia en Colombia, había una que estaba haciendo carrera en el sector público, la del autor intelectual. El funcionario de primera línea, que piensa y planea un delito para que dolosamente otros de menor rango, los cometa. Y digo, que estaba haciendo carrera, porque esta semana, la Contraloría General de la República sentó un precedente, al abrirle investigación fiscal y embargarle los bienes a los ex ministros de agricultura Andrés Felipe Arias, autor intelectual del malogrado programa Agro Ingreso Seguro -AIS- y a su sucesor Andrés Fernández.
Le siguen en la mira, los autores intelectuales que lograron a través de testaferros, ser depositarios de varios bienes que administra la Dirección Nacional de Estupefaciente.
El programa AIS, que fue concebido para modernizar el sector rural y así ayudar los productores del campo a volverse competitivos frente a los agricultores de los Estados Unidos, por si se firmaba el tratado de libre comercio con ese país, fue completamente desvirtuado en el momento que su autor intelectual dejó de pensar como ministro, y comenzó a pensar como pre candidato a la presidencia de Colombia, siendo aún ministro.
Recuerdo que para esa época, el ex ministro tenía una chequera que superaba un presupuesto de inversión de los 500 mil millones de pesos anuales, parecía un cajero automático ambulante, ofreciendo las líneas de subsidios de AIS a los empresarios y políticos regionales y suscribiendo millonarios convenios con gremios de la producción agropecuaria, buscando, seguramente, respaldo político.
Lo más triste de este episodio, es que, en esta última década el sector creció en promedio tan sólo el 1.9% frente al 4% del total de la economía y por debajo del crecimiento promedio en las agriculturas de Argentina (7.4%), Perú (5.6%), y Chile (4.2%). En este mismo periodo de inyección de recursos al sector, la participación del PIB agropecuario descendió del 8.2% al 6.8%, las exportaciones se redujeron del 24% al 18%, las importaciones de cereales se incrementaron de 3 a 5 millones de toneladas anuales y 100 mil familias eran desplazadas de sus tierras, anualmente.
Sería bueno, señora contralora, que se investigara como se ejecutaron más de 80 mil millones de pesos en asistencia técnica a través de unos convenios con algunos gremios de la producción, porque según DNP, el 49% de los productores no ha recibido servicios de asistencia técnica en los últimos dos años y a ver si lograron aumentar los rendimientos por unidad de tierra y de animal; porque de eso se trataba, asegurar mayor competitividad del sector agropecuario incrementando los rendimientos de esos subsectores, es decir, obtener un promedio nacional que superara las 6 toneladas de maíz por hectárea, los 8 litros de leche día, las 30 toneladas de papa y los 1.400 kg de café, entre otros.
A lo anterior, súmele los fracasos en las inversiones en plantas de etanol donde no hay suficiente producción de yuca, caña y remolacha, la cuestionada venta de las acciones de la Bolsa Nacional Agropecuaria, la triangulación de millonarios contratos de abogados a través de FINAGRO, los millonarios créditos a unos floricultores sin garantías, por parte del Banco Agrario, y los casos de corrupción en Corpoica y Fiduagraria con unas transacciones de regalías de un departamento petrolero. Lo demás es historia patria.