Según cifras de la Defensoría, desde diciembre de 2016 han sido asesinados 331 líderes sociales. En el informe semestral de junio de 2017 “Dinámicas del asesinato de líderes rurales” del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agropecuaria de la Universidad del Rosario, se concluye, lo que a todas luces parece evidente pero vale la pena siempre verlo de manera objetiva: los asesinatos a líderes rurales no ceden en Colombia y siguen aumentando. Entre 2005 y la publicación de este informe se contaba la cifra de 500 víctimas. Una recomendación del informe era la aceptación, por parte del gobierno y, de una vez por todas, de que el asesinato de líderes sociales en Colombia era sistemático.
Pues bien, desde que hay líderes sociales parece que en Colombia asesinarlos es tarea para cumplir. Más allá del dolor que produzca cada muerte o de la solidaridad que nos despierten estas víctimas, resulta indispensable la comprensión del surgimiento de cada líder y las causas que lo enfrentan a los intereses particulares de sus asesinos. No se pueden reducir los casos a números que desaparezcan la individualidad. Parecen asesinatos gratuitos, pero si se califican como sistemáticos es porque al surgimiento de su liderazgo va ligada de inmediato la muerte como consecuencia. Más complejo aun es el hecho de que no importa su nivel de visibilidad. La tribuna no puede frenar su muerte. Seguramente muchos han pensado que sus obras los salvarían, pero no. Nada de lo que hagan, por bueno que sea, los salva.
Estas muertes, desde la firma en La Habana, han despertado un reconocimiento de la mayoría en tanto se relacionan ahora abiertamente a un exterminio de la izquierda y del proceso de paz. Había esperanza de que con la firma, no se diera una más. Lo cierto es, que con o sin proceso de paz, los líderes sociales, como la clase sindical obrera, han sido objeto de exterminio en este país. Ahora la ruralidad intenta hacerse fuerte desde sus propias comunidades con estas vocerías, denunciantes de despojos de tierras, de minería ilegal o de narcotráfico y de muchas otras circunstancias que frenan el desarrollo autónomo, de la misma manera que la clase obrera ha tenido que gritar, asociarse y defenderse, también ha puesto muchos muertos, por sus derechos.
Es el siglo XXI y Colombia opera como si fuera una tierra naciente de peleas primitivas, inepta frente al reconocimiento del otro, con miedo al surgimiento del otro, asustado por la bienaventuranza del otro y con depredadores de todos los pelambres incapaces de racionar su riqueza y su ambición, o simplemente, su dominio.
Por: María Angélica Pumarejo