Por: Amylkar D. Acosta M1
Como era de esperarse, las comisiones quintas de Senado y Cámara de Representantes conjuntamente, dado que contaba con mensaje de urgencia de parte del ejecutivo, impartieron su aprobación en volandas, en jornadas contrarreloj, al proyecto de ley presentado por el Gobierno, mediante el cual se reglamenta y desarrolla el Acto legislativo 05 de 2011. Nos referimos a la reforma del régimen de regalías, mediante la cual se crearon siete fondos de destinación de los recursos provenientes de las regalías y ahora en la Ley se añaden dos más, un porcentaje del 2% para la administración del Sistema General de Regalías (SGR) y otro 1% para el manejo del Sistema de Monitoreo, Vigilancia, Control y Evaluación (SMVCE). La sumatoria de los recursos que irán a los fondos creados mediante el Acto legislativo (FAE, C + T + I, FONPET, Participación directa y fiscalización) y los que ahora se crean merced a la Ley (Administración del SGR y Manejo del SMVCE) representan un 55%; de modo que los recursos para inversión de los fondos de compensación regional (FCR) y de desarrollo regional (FDR) quedan reducidos a sólo el 36% de la totalidad de los recursos provenientes de las regalías, es decir $3.6 billones, si nos atenemos a las proyecciones del Gobierno que cifran en $10 billones el monto promedio de las regalías que se espera recibir en los próximos diez años.
Una de las críticas más recurrentes que se hacía al sistema actual como operan las regalías era su atomización en múltiples objetivos, lo cual impide que se concentren sus recursos en proyectos de gran impacto; pues, con el nuevo esquema se incurre en lo mismo, al difuminarlos en más de 19 objetivos según su distribución porcentual. Y, songo sorongo, el Gobierno Central se quedará con 5 puntos porcentuales del total de las regalías so pretexto de fiscalizar la actividad que las genera, de administrarlas y controlarlas, estamos hablando de la módica suma de $500.000 millones, que no es una bicoca. Se cumple el adagio popular de que quien reparte y recomparte se queda con la mayor parte. Ello explica que la aprobación de este proyecto se haya convertido en una rebatiña en la que cada uno de los participantes en el debate busca sacar su propia tajada y de allí que el texto aprobado más parece un arbolito de navidad, con toda clase de colgandejos.
Nos hemos preguntado hasta dónde se justifica que el Gobierno Central se quede con un 2% de las regalías dizque para la administración del SGR y hemos indagado con cuánto se queda del Sistema General de Participaciones (SGP) por administrarlo, si esa es una función inherente a esta instancia de Gobierno, sin encontrar respuesta. Nos asalta también la duda sobre el rol del Gobierno cuando maneja el SMVCE, si acaso no está suplantando a los organismos de control e invadiendo la órbita de sus competencias. Aquí estamos ante un caso evidente de paralelismo y de duplicación de funciones, que no creo congenie con las normas de Buen gobierno, que es el paradigma de la administración Santos.
Nos preocupa sobremanera el super poder del cual es dotado el DNP, pues además de desempeñar la Secretaría Técnica del órgano Rector del SGR, se arrogaría las funciones tales como servir de instancia para la viabilización de los proyectos para que estos puedan acceder a los recursos de los multifondos y, como si esto fuera poco, tendrá además en sus manos el SMVCE, con capacidad sancionatoria de los ejecutores de tales recursos. Es decir, el DNP se constituye en juez y parte, tendrá en sus manos la zanahoria y el garrote para hacer el mejor uso de ellos. Esta es una de las más claras manifestaciones de la recentralización de recursos públicos a través de esta reforma, sin importar que los recursos del SGR no vayan al Presupuesto General de la Nación sino que tengan presupuesto propio, pues a la larga como queda visto el Gobierno Central tendrá la sartén por el mango. Ello va en detrimento de los principios de la descentralización y la autonomía regional consagrados en la Constitución Política, que es norma de normas. De ello no queda la menor duda.
1 Expresidente del Congreso de la República
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