De la vieja Santa Marta se decía que tiene tren pero no tranvía. Hoy tiene mar pero no agua. Cuando no había tanto edificio ni turismo, el río Manzanares servía a su población. Hoy no tiene caudal y los cercanos tampoco, aunque si fuéramos hacia la vía de La Guajira se ven enérgicos ríos pero distantes de la ciudad Distrito. Otros al sur, como el Córdoba, no son suficientemente caudalosos. Hasta se ha llegado a plantear como alternativa el río Magdalena.
Cualquier análisis del agua de la ciudad está signado por la fallida fuente hídrica, que corta tanto la cobertura como la continuidad del servicio. De modo que es usual ver los barrios sin agua y abastecerse, con alto costo, en carrotanques.
Durante años, el servicio lo prestó Metroagua, de capital español, y todos los esfuerzos que hacía no lograban tapar el sol: el agua no alcanzaba. La relación en el mandato del alcalde Carlos Caicedo (hoy gobernador) y la compañía no pudo ser más tirante, aprovechando la lógica impopularidad de la empresa.
Al final, el contrato terminó y, dada la suspensión de su sucesor Rafael Martínez, operó temporalmente la francesa Veolia, mientras en el 2019 iniciaba la pública Essmar, que sufrió la pandemia, y este año mejoró sus ingresos, alcanzando el nivel que 6 años atrás traía Metroagua, superiores a los $50 mil millones, pero los costos al alza: los de personal se duplicaron; también el rubro de mantenimiento y alquiler de maquinaria y carrotanques.
Cuando se presentó hace unas semanas el daño de la conducción de las aguas residuales domésticas que van al emisario submarino (tubo que se lleva varios kilómetros adentro del mar a un punto de dilución), el malestar por las agua fétidas se disparó y puso nuevamente en el foco la gestión del Distrito y la fragilidad de su empresa. Un experto afirmó: “‘Dio ‘papaya’, junto a sus malos índices de gestión”, y la Superintendencia de Servicios Públicos la intervino. ¡Con escándalo!, porque la relación de Caicedo (gobernador pero jefe político de la alcaldesa Virna Johnson) con el gobierno Duque no es amigable ni en lo personal ni en lo ideológico. En medio de la pandemia había recibido otro golpe: la Superintendencia de Salud le intervino el Hospital y en aquella oportunidad, como en esta, se presentaron refriegas y otra intervención: la de la Fuerza Pública.
¿Es por mala gestión o antipatía política? El gobernador Caicedo manifestó que mientras en Santa Marta intervenían la empresa, en Valledupar no, pues aquí en la Alcaldía había amigos políticos del Gobierno nacional. Ese comentario motivó este editorial.
Mientras en el Valle el problema es estructuralmente financiero y no técnico, aunque podría comprometer el servicio en el corto plazo, en aquélla el servicio parece haber colapsado y la deuda se disparó en dos años. No tenían la opción de buscar un operador privado, después de una larga lucha contra estos, contrariando su idea de que el Estado es el mejor proveedor de los servicios. Y no podían acogerse a la protección de la reestructuración empresarial (Ley 550), pues está prohibida para las empresas de servicios públicos. Y sus propias fuerzas, según la Superintendencia, estaban agotadas.