Tal como lo prometió el Presidente Santos, el pueblo colombiano decidirá en últimas y de manera democrática, sí aprueba o no, los acuerdos suscritos en La Habana con las Farc. Lo hará a través de cualquiera de los mecanismos de participación previstos en nuestra Constitución. Las Farc-EP proponen que se haga a través de una Asamblea Constituyente, pero el Presidente parece no estar de acuerdo con esta vía.
Lo cierto es que para aprobar dichos acuerdos se requiere la mitad más uno del censo electoral que en la actualidad es de aproximadamente 17 millones de electores, y la experiencia negativa del referendo de Uribe (1993), enseña que es casi imposible alcanzar dicho umbral. Por ello, el Gobierno Santos está empeñado en bajar el umbral al 13 % del censo electoral a fin de lograr que se apruebe con 4.396.626 de votos afirmativos. Esta iniciativa hace tránsito ante el Congreso, donde no parece existir mayores dificultades, pues las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional le impartirán, sin duda alguna, su aprobación.
La cuestión es lo que pueda pasar con el control que en su momento realice la Corte Constitucional, pues modificar el umbral puede interpretarse como una vía de hecho y/o un abuso de poder, que atenta contra el principio de pesos y contrapesos propio de las democracias auténticas.
Se está haciendo costumbre que el mandatario de turno, acude a la modificación de un “artículito” de la Carta Magna, para su propia conveniencia, lo que no resulta sano para un Estado que se precie de ser respetuoso de la Constitución y la Ley. Pero es que además la Corte estudiará con lupa el trámite en virtud del cual se aprobaría la citada iniciativa y de encontrar algún vicio de forma la declarará inexequible, es decir, contraria a la Constitución.
El Presidente Santos se la juega toda para que los acuerdos suscritos en La Habana sean refrendados por el pueblo colombiano, y no quiere repetir el estruendoso fracaso del expresidente Uribe con el referendo de 1993, atribuido a: i) La idea era acabar con los auxilios parlamentarios y reducir el Congreso, lo que sin duda iba en contravía de los intereses de la clase dirigente. ii) Su contenido extenso (17 preguntas), cuando la idea era que constara de tres puntos nada más. iii) Evidente falta de pedagogía, es decir, no hubo quien se tomara el trabajo de explicarle a las bases la finalidad del referendo, y iv) Un exceso de confianza, pues sus promotores pensaron que bastaría con la inmensa popularidad del Presidente Uribe para lograr su aprobación.
En el evento en que la Corte llegara a proferir fallo de inexequibilidad, el Presidente Santos se vería en serios aprietos y prácticamente estaría urgido de un plan de contingencia que, hasta ahora, no se ve por ninguna parte.