Los municipios que se encuentran dentro del corredor minero del Cesar están considerados como “malditos”; su potencialidad de riqueza en recursos naturales como el carbón o, en algunos sectores, el petróleo, hacen cada día más pobres a sus habitantes.
El sector de minería e hidrocarburos tiene hoy una posición de liderazgo en el Producto Interno Bruto (PIB) y en las exportaciones y ha generado millones de regalías que, durante más de 15 años, debieron destinarse a la inversión en las regiones productoras, pero ¿cuál es la utilidad social, ambiental, educativa y de salud que están recibiendo quienes habitan en esas zonas?
En el Cesar y en La Guajira, donde se localiza la principal extracción minera del país, la población pobre es del 91% y el 89%, respectivamente (según el último censo de 2005 del DANE); cifras que les dan el título a estos dos departamentos de los peores lugares para vivir en su territorio.
Debido a la situación que golpea directamente a los municipios cesarenses, 7.000 habitantes, entre trabajadores, extrabajadores y personas de la comunidad, situados en poblaciones como, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril y Codazzi, apoderados por las firmas DS Legal Solutions y Al Abogados, instauraron una denuncia penal, acción de grupo, y demanda ordinaria laboral contra las empresas: Drummond, Carbones de La Jagua, Colombian Natural Resources, Prodeco S.A., Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La acusación fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por los agravantes de lesiones personales, daños a los recursos naturales y contaminación ambiental.
Un informe que contiene el libro Minería en Colombia. Institucionalidad y Territorio, Paradojas y Conflictos, que estuvo liderado por el economista Luis Jorge Garay y en el que participaron diez investigadores más, entre abogados, economistas, químicos, ingenieros y geólogos, es una de las investigaciones más profundas que actualmente se lleva sobre la minería en el país y es liderada por la Contraloría General.
La investigación demostró que las personas residenciadas en estas zonas viven en mayor pobreza, en mayor ignorancia, con más necesidades básicas insatisfechas, en un medio ambiente más deteriorado, con un servicio de salud más deficiente que aquellos que viven en los lugares “donde se concentra una de las actividades más nocivas para el desarrollo: los cultivos de uso ilícitos”.
“En los municipios del Cesar y La Guajira, que llevan más de 20 años explotando carbón en gran escala, y en los de Córdoba, que se deberían estar beneficiando por la explotación de níquel durante tres décadas, las condiciones de vida de la población, el desempeño de las instituciones municipales y las condiciones del medio ambiente dejan mucho que desear”, dice uno de los investigadores.
En lo ambiental, las regiones productoras de níquel y carbón a gran escala presentaron los escenarios más lamentables. Entre 2000 y 2007 el país perdió en los municipios de Córdoba, que reciben regalías por explotación de níquel, 75 hectáreas anuales por cada 1.000 hectáreas de bosque, en el Cesar 46 hectáreas y en La Guajira la pérdida fue de 45 hectáreas.
Al medir la salud, los municipios no mineros ni petroleros también se quedaron con los mejores resultados. Mientras en ellos la tasa de mortalidad infantil para 2011 era de 12 defunciones por cada mil nacidos vivos, en los municipios que explotan oro (sin contar los antioqueños) ese número llega a 40 y les da a estas regiones el título de las más enfermas. Luego están los productores de carbón en La Guajira y el Cesar, con 34 y 33 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente.
En educación éstos últimos tampoco pasan la prueba: “aunque en algunos casos tengan coberturas de educación básica y media muy elevadas (como en el Cesar), presentan resultados significativamente inferiores en las pruebas que miden la calidad en contraste con los demás municipios”.
La situación es preocupante si se tiene en cuenta que el país es el cuarto exportador de carbón térmico del mundo (después de Indonesia, Australia y Rusia), el cual en su mayoría proviene de los departamentos de Cesar y La Guajira.
La demanda
El documento al que tuvo acceso EL PILÓN sobre la acción de grupo, como mecanismo procesal, permite a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios, “se presenta por reunir condiciones uniformes, respecto de una misma causa que ha generado perjuicios individuales para cada una de ellas”. Y la demanda ordinaria laboral, se instaura por el estado patológico presentado por los trabajadores como consecuencia del trabajo bajo condiciones de riesgo determinado por agentes físicos, químicos y biológicos.
En la zona afectada predominan los enfermos que deja la contaminación del carbón, producto de la carbonilla, las aguas contaminadas, la mala calidad de vida de quienes viven en el corredor carbonífero del Cesar, los daños irreversibles al medio ambiente, el incumplimiento contractual de estas empresas y la responsabilidad y desigualdad laboral, argumenta la demanda.
Los litigantes anuncian que la empresa Prodeco S.A. suscribió el contrato de Concesión Minera No. 044 de 21 de febrero de 1989 con Carbones de Colombia S.A., Carbocol, titular del aporte minero No. 871, para adelantar las actividades de gran minería, en la mina Calenturitas, pero “el concepto de pequeña explotación con impactos ambientales aceptables, cambió ostensiblemente”. Luego, al otorgar el estado colombiano los contratos mineros 285/95 a Carbones de la Jagua (CDJ), 132/92 a Carbones El Tesoro (CET), y 109/90 al Consorcio Minero Unido S.A. (CMU), “el tema de los Planes de Manejo Ambiental se fue agudizando hasta entrar en un período catastrófico”. En otro aparte dice que la complejidad de la operación de la mina Pribbenow en 1995 a cargo de la Drummond, la mina La Francia por parte de Colombian Natural Resources (CNR) en el año 2000, la mina Cerro Largo Centro en 2004 y El Descanso en el año 2009 por parte de Drummond, y posteriormente las minas El Hatillo y Cerro largo Sur en el 2012 por parte de CNR, convirtieron el corredor carbonífero del Cesar en un mal ejemplo ambiental con alta repercusión en la calidad de vida, tanto para humanos como para animales.
Miguel Ángel Castilla Camargo, uno de los integrantes del requerimiento penal, dijo que la diseminación de escombreras contaminantes, frente a los grupos poblacionales, refleja la ausencia estatal y la permisividad empresarial en detrimento de las etnias establecidas históricamente. “Las evidencias son latentes. Los techos de las casas, las hojas de los árboles y los depósitos de agua para el consumo humano, decantan el polvillo de carbón, sinónimo de maldición entre los pobladores que, al unísono, sostienen que antes de la llegada de estas multinacionales se vivía mejor; el cambio de productividad, la desaparición del imaginario con grandes extensiones de servidumbre, la aculturación y transculturización de costumbres, plantea un escenario con serios problemas de identidad al vaivén de un agente económico e insensible”.
Para Castilla Camargo, los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, Maracas y San Antonio, al igual que la quebrada El Pajuil, que bordean y recogen los químicos de los botaderos de escoria, se convirtieron en los primeros damnificados de la inoperancia del estado, la desmedida voracidad destructora de las multinacionales y el incumplimiento de las leyes ambientales.
“La calidad del agua con PH superior a 7, no solo advirtió del peligro para los humanos y otras especies, sino para el deterioro general del entorno. A ello le sumamos la permanente precipitación de óxidos nitrosos y azufrados y dióxido de carbón que originan la lluvia ácida, que puede recorrer en forma volátil grandes distancias, que al precipitarse produce afectación en los suelos generando enfermedades en los asentamientos humanos”, asegura el querellante.
Cabe anotar, que las personas al parecer damnificadas por adquisición de afecciones en estas empresas mineras, crearon la Asociación de Trabajadores Enfermos de la Drummond (Asotred), la Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de la Jagua de Ibirico (Asotrecaj).
Las historias clínicas reflejan que los problemas de salud van desde la columna, al deterioro auditivo y visual; enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos); trastornos de las vías respiratorias superiores, causados por agentes sensibles o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo; dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto, causadas por otros alérgenos; enfermedades del sistema osteomuscular: tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo; cáncer pulmonar y hasta el nistagmo de los mineros que ocurre cuando los movimientos involuntarios corroboran un problema cerebral.
Daños ambientales
Este diario contactó al investigador Luis Jorge Hernández Flórez, PhD (título que recibe un graduado del más alto nivel de los estudios de universitarios de postgrado) en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad de los Andes, quien reveló los principales hallazgos del estudio “Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco municipios carboníferos del César”, realizado de forma conjunta entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes.
La investigación, en la que participaron 1.627 niños residentes en los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso, determinó que el 3,85% de ellos padece alguna enfermedad respiratoria, ya sea asma, fibrilancias o tos.
Según Luis Jorge Hernández, “los niños son los más susceptibles a la contaminación del aire, porque tienen un sistema respiratorio en desarrollo y crecimiento y respiran más veces por minuto que un adulto, por lo que están más expuestos”.
El investigador explicó que existe evidencia de que en varias de las fases de la explotación del carbón se produce contaminación del aire y del agua, la cual se puede medir como material particulado (MP).
“Dentro del estudio se tuvo en cuenta la exposición al carbón por cercanía a la mina, dispersión del tiempo del carbón, transporte de vehículos pesados, por acumulación de carbón y por exposiciones, como por ejemplo, el hecho de que las personas cocinen con este material en sus hogares”, explicó Hernández Flórez.
De esta manera, se estableció que hay efectos en la contaminación del aire no solo por influencia de la zona minera, sino por el uso del carbón para fines domésticos.
“La exposición a zonas mineras sí está afectando a los niños. Esto, sumado a las condiciones de calidad de vida, los expone a una contaminación tanto fuera como dentro de sus hogares”, recalcó el profesor Hernández.
Los aportes realizados en este trabajo, finalizado en 2012, han llamado la atención de la Secretaría de Minas del Cesar, que está contactando al investigador para traerlo al departamento del Cesar con el fin de que genere ideas para el reforzamiento de las condiciones de vida de esta población, que está afectada por la actividad minera carbonífera, así lo aseguró el secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz.
“La problemática no es fácil”
Gabriel Rengifo, geólogo de la Secretaría Departamental de Minas del Cesar, dijo que la sectorial proyecta para este año tener más injerencia en el campo de la gran minería de carbón e involucrarse a fondo en la problemática minera, ambiental y social de los municipios mineros.
“La problemática no es fácil, es muy compleja porque hay situaciones ambientales y sociales; las empresas mineras están haciendo un esfuerzo que queremos sea de manera coordinada con el gobierno departamental y la Secretaría de Minas”, señaló el científico.
Pliego de cargos a Prodeco
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidió abrir pliego de formulación de cargos contra la minera C. I. Prodeco S. A. por irregularidades en obras de perforación, llevadas a cabo en las minas de carbón en el Cesar. La empresa habría iniciado obras sin reportar esa actividad y por lo tanto sin la debida autorización.
Según informó Caracol Radio, el expediente de la investigación se abrió en marzo del 2012 y allí se señalaba que al parecer la compañía estaba realizando “perforaciones en el sentido del rumbo del manto del carbón con una longitud de 100 metros, con máquina denominada Auger, en el sector C, pared alta del pit de exploración”.
Los hechos investigados se presentaron en los años 2009 al 2011. Por lo cargos formulados, la empresa habría incumplido con el Plan de Manejo Ambiental para las operaciones mineras adelantadas en la Mina Calenturitas, que además se ha modificado en varias oportunidades para ajustarse a la magnitud de la operación que ha venido creciendo en los casi 20 años de operación. Prodeco ya presentó los respectivos descargos por escrito, al igual que varias pruebas para su defensa.
De ratificarse la falta cometida, la explotadora sería la otra gran minera sancionada en menos de un mes. Los primeros días de enero, la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial suspendieron la operación de la Drummond por no haber cumplido con el cargue directo y, días antes, la habían sancionado con la multa ambiental más alta impuesta en el país ($7.000 millones).
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
Carlos.jimenez@elpilon.com.co