Valledupar, una ciudad que ya enfrenta serios desafíos económicos, ha sido golpeada nuevamente, esta vez por los desorbitados costos de la energía eléctrica. Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Valledupar no solo lidera el índice de inflación anual a nivel nacional con un alarmante 9,1%, sino que también registra la mayor variación anual en el costo de la electricidad con un 31,6%. Esta situación plantea serias preguntas sobre la gestión y los criterios de tarificación de Afinia, la empresa proveedora de energía en la región.
Para poner esto en perspectiva, consideremos un hogar típico en Valledupar pagaba $100,000 por su factura de electricidad en mayo de 2023. Un año después, ese mismo hogar ha visto su factura incrementarse a $131,600. Este aumento no es solo una estadística fría; representa una carga significativa para las familias que ya están luchando para llegar a fin de mes en medio de una inflación galopante. Cuando el promedio nacional de inflación es del 7,16%, el caso de Valledupar destaca como un ejemplo extremo y preocupante.
Lo cierto es que estamos cansados de tocar este tema una y otra vez, pero parece que hablar del costo de la energía en Valledupar es como pelear contra una pared. Nadie escucha ni hace nada. A pesar de las constantes quejas y denuncias por parte de la ciudadanía, parece que las autoridades y las empresas proveedoras como Afinia permanecen sordas a nuestras necesidades y dificultades.
No se trata solo de la electricidad. El costo del arriendo, y de servicios esenciales como el agua y el gas, también ha subido. Pero es la electricidad la que ha experimentado el aumento más significativo, cuestionando seriamente la política de precios de Afinia. En un entorno donde el ingreso per cápita no está creciendo al mismo ritmo que los costos, este aumento se convierte en una forma de opresión económica que estrangula a las familias trabajadoras.
¿Por qué este aumento desproporcionado? Las razones pueden ser diversas: desde ineficiencias en la gestión de la empresa, hasta la falta de una regulación adecuada que proteja a los consumidores. Pero lo que está claro es que este incremento del 31,6% en la electricidad no tiene justificación en una economía que ya está al borde del colapso para muchos ciudadanos.
Las autoridades deben intervenir. Es imperativo que se realicen auditorías independientes a las empresas proveedoras como Afinia para entender los motivos detrás de estos aumentos exorbitantes. También se debe considerar la implementación de subsidios temporales o permanentes para las familias más afectadas, así como políticas de incentivo para el uso de energías alternativas que puedan aliviar la carga sobre el sistema eléctrico convencional.
En última instancia, la situación en Valledupar no solo es un caso de injusticia económica, sino un reflejo de la falta de atención a las necesidades básicas de los ciudadanos. La energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad básica y su acceso a un costo razonable debería ser un derecho garantizado. Es hora de que las autoridades locales y nacionales tomen cartas en el asunto y protejan a los ciudadanos de los abusos y desmanes de las empresas proveedoras de servicios públicos. Ya es suficiente de ser ignorados; nuestras voces deben ser escuchadas y nuestras necesidades atendidas.
Por Tatiana Barros