“Delito promovido por la expedición de normas legales centralistas”
El título contiene una realidad que refleja la manera tradicional de gobernar a nuestro país; ejemplos hay muchos, pero hoy quiero resaltar solo uno: el manejo centralista del control de las plantas de sacrificio bovino.
La visión errada de algunos funcionarios del gobierno central, de esos que solo conocen el medio bogotano y desconocen la realidad de nuestro país, funcionarios oficiales ciegos ante la diversidad de Colombia como un país de regiones, promovieron la expedición de una norma, que estableció el reglamento técnico, a través del cual se creó el “Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles, destinados al consumo humano”, el Decreto 1500 de 2007.
En Colombia, antes de la expedición de dicho decreto, existían cinco tipos de plantas de sacrificio de ganado: plantas de sacrificio grandes, tipo exportación, destinadas al abastecimiento de grandes centros de consumo de carne bovina, nacionales e internacionales; plantas de sacrificio regionales, destinadas a atender el consumo de diferentes municipios ubicados en su zona de influencia; mataderos de ciudades intermedias; mataderos municipales ubicados en ciudades pequeñas y mataderos corregimentales; antes de la expedición de la norma referida, existían en el país más de 1.000 plantas de sacrificio de ganado bovino.
El control de movilización correspondía a las secretarías de gobierno municipales e inspectores de policía adscritos a estas, funcionarios a quienes les correspondía velar por el origen legal de los bovinos movilizados hacia las plantas de sacrificio, a través de la verificación de hierros quemadores utilizados en su identificación y el origen y legalidad de los bonos de venta expedidos a los comerciantes de ganados para el sacrificio.
El Instituto Colombiano Agropecuario era la entidad encargada de vigilar y certificar el cumplimiento de los programas de vacunación, requisito fundamental para la expedición de las guías de movilización y la calidad sanitaria de los animales a sacrificar era verificada y autorizada por veterinarios vinculados al ICA y a las secretarías de salud; estos procedimientos se ejercían en las plantas de sacrificio municipales, en los Corregimientos esta labor era ejercida por los inspectores de policía.
La carne a comercializar en los diferentes puntos de venta, necesariamente era facturada por las plantas de sacrificio respectivas, procedimiento que formalizaba la legalidad y procedencia de la carne a expender al público consumidor y los puntos de venta eran vigilados y supervisados por las secretarías de gobierno a través de inspectores de precios, pesas y medidas y por los inspectores de policías.
En conclusión, antes de la expedición del Decreto 1500 del año 2007, en el país la comercialización de la carne bovina era una actividad con todos los controles legales requeridos y necesarios para asegurar la calidad del producto y la defensa del productor y el consumidor.
Hoy, después de aproximadamente 15 años de vigencia del decreto 1500 de 2007 y demás normas legales consecuentes y relacionadas con este, según información del INVIMA, en el país existen, “198 frigoríficos y acondicionadores que recibieron la certificación sanitaria para realizar su labor, de las cuales, solo 24 plantas de sacrificio o acondicionadores lograron certificación plena y 313 mataderos aún funcionan con autorización provisional”, es decir, solo el 51% de las plantas de sacrificio que existían, con todos los controles requeridos, antes de expedir las normas legales centralista, se encuentran funcionando legalmente.
Adicionalmente el control a los expendios de carne bovina es lamentablemente inoperante e ineficiente, las entidades oficiales responsable de dicha función, por corrupción, desconocimiento o por vínculos con los ladrones de ganados y los comercializadores de carnes de procedencia ilegal, no cumplen con sus funciones de autoridad encargada de ejercer esta labor.
Esta realidad, propicia el abigeato y la comercialización de carnes de ganados robados, o ¿será que el 49% de las poblaciones en donde se encuentran cerradas las plantas de sacrificio que existían antes de la expedición de las normas legales citadas, dejaron de consumir carne y se volvieron veganos?, o ¿será que estas normas que desconocen la realidad de un país de regiones, facilitan el actuar delictivo en contra de los ganaderos y propician las condiciones sanitarias inadecuadas a los consumidores? ¿Será que en el país existe alguien interesado en revisar esta situación y realizar los correctivos necesarios, para controlar el abigeato (Robo de ganado), en permanente crecimiento? haraujocastro@hotmail.com