Una de las primeras consecuencias de la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República y que ya fue sancionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, es la reactivación del impuesto al consumo por concepto de comidas y bebidas.
Este impuesto comenzará a regir a partir del primero de enero de 2023 en razón a que el beneficio que otorgó la Ley de Inversión Social solo tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de este año 2022, la cual buscaba ayudar y facilitar la reactivación económica de estas actividades durante el periodo de postpandemia que cubrió toda la anualidad que está a punto de terminar.
Todo eso obliga a los empresarios que se dediquen exclusivamente al expendio de comidas y bebidas y que estén inscritos al Régimen Simple de Tributación (RST) deberán actualizar el Registro Único Tributario (RUT), remplazando la responsabilidad 50 o 57 “No responsable del impuesto al consumo” según corresponda su naturaleza jurídica, por la 33 que es la que lo tipifica como “responsable del Impuesto Nacional al Consumo”.
Por obvias razones, la entrada en vigencia de este impuesto va a modificar los precios de las comidas y bebidas, de manera especial en los negocios formales y debidamente registrados ante las cámaras de comercio de sus respectivas jurisdicciones. Allí se presentará la variable de afectación tanto a consumidores como a contribuyentes.
Según los expertos o analistas económicos, estas modificaciones plantean un dilema frente a los procesos de reactivación económica que se vienen impulsando desde que terminó la pandemia del covid 19 y se entró en el periodo de postpandemia, fase que muchos la han llamado la nueva normalidad del país y del mundo.
En voces de analistas, no es lo mismo para la persona que va a comer al pequeño negocio informal de la esquina que para aquellos que acuden a los establecimientos legalmente constituidos, allí la diferencia de precios al consumidor sería bastante significativa entre esos dos tipos de forma de atención y servicio al público.
En el caso de Valledupar y la región es sabido por todos que acá reina la informalidad en ese tipo de actividades y servicios, lo cual riñe de manera desleal contra los comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones como contribuyentes para el desarrollo de la ciudad, pero por ese mismo lado está ese ciudadano cuyos reducidos ingresos solo le permiten acudir a donde le vendan más barato, para él es primero su supervivencia o necesidad particular antes que cualquier proceso colectivo de reactivación económico.
Ciudadanos con escasos ingresos, vendedores en lucha para sobrevivir, comercio formal en pro de generar empleo y contribuir a su municipio y la administración local necesitando de sus contribuyentes, escenifica un panorama complejo que debe resolverse en favor de todos.
La pregunta entonces es ¿Qué hacer frente a este desafío? Los expertos económicos, nuestra dirigencia política, los gremios, la academia y demás instancias de la sociedad civil tienen la tarea de encontrar esas respuestas.