Es una muy buena noticia que hoy la corrupción sea una de las principales preocupaciones de los colombianos. En la Colombia de comienzos del siglo XXI, es un hecho notorio que el mayor obstáculo para el cumplimiento de los fines estatales y la disminución de la inequidad es la corrupción, fenómeno que también se beneficia de una actitud cultural que tiende a tolerarlo porque a veces no lo considera tan grave o porque se desconocen que existen mecanismos eficaces que permitan el reclamo de una realidad mejor.
Nadie niega que en el país la corrupción actúa corrientemente en el escenario público. A un escándalo por sustracciones al tesoro, en cifras a veces inimaginables, le sigue una algarabía por otro más escabroso, pero en la mayoría de casos, no se conocen los castigos para los responsables. Cuando se sanciona o condena, las penas impuestas son menores; y los recursos del pillaje terminan legalizados en bienes e inversiones pagados con nuestros impuestos a nombres de testaferros. Es tal el grado de descaro y descomposición al que hemos llegado, que un condenado por corrompido, afirmó que esta “forma parte del ADN de los colombianos”, o nos enteramos por los medios de comunicación que en casos, se asesina o manda matar personas, para ocultar los delitos o quedarse con las coimas.
No es necesario citar cifras, ni mencionar indicadores, para probar lo afirmado. Basta con leer el periódico, escuchar la radio, ver noticieros, darse una vista por las redes sociales para entender que en Colombia no disminuye efectivamente la pobreza, ni la desigualdad, porque mafias organizadas se quedan con los recursos destinados a propiciar la igualdad material perseguida por el Estado Social de Derecho.
Esta situación se hace cada vez más crítica, afectando la confianza ciudadana en la institucionalidad, particularmente de aquella creada para combatir el delito contra los bienes y recursos colectivos, entre otras razones por el origen político de los responsables de esas entidades, por cuanto al Contralor y el Procurador los designa el Congreso y al Fiscal la Corte Suprema de Justicia de una terna que elabora el Presidente de la República, instituciones con baja credibilidad en la población, como lo develan todas las encuestas.
¿Qué hacer como ciudadanos para cambiar esta realidad? El ciudadano, como se desprende de la Constitución Colombiana, tiene derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlo y por tanto, a estar debida y oportunamente informado sobre el uso de los recursos que aporta para la marcha del Estado, a participar en la orientación del gasto, a decidir sobre su destinación, a esperar resultados positivos con sus aportes y hacer control a sus gobernantes.
La sociedad requiere, entonces, convertir al ciudadano en verdadero titular de un derecho atado a una necesidad esencial: vigilar el correcto uso de sus contribuciones.
La Ciudadanía no puede ser un actor pasivo. Ni limitarse resignadamente a contribuir con el pago de sus impuestos, a financiar el funcionamiento e inversiones de la administración, que en casos terminan mal gerenciados. Las nuevas generaciones de colombianos y aun la nuestra, debemos ser cuidadores de lo público, para que vigilemos y controlemos la forma como se contratan y ejecutan nuestros tributos. Ello empieza con la manera de elegir, designando a personas que dignifiquen el ejercicio de la gestión pública, aquellas que hacen buen uso de los recursos, que garantizan que los actos y las obras se realicen, se contraten y se ejecuten de manera eficiente, eficaz, económica, equitativa y sostenible, en un marco de legalidad y transparencia, en la que prevalezca el interés colectivo sobre el particular.