La baja de precios en los minerales, especialmente el carbón, deja una crisis que repercute directamente en la economía del Cesar. El próximo año se espera la reducción en las regalías tras el pago de las multinacionales con asentamiento en poblaciones del departamento.
De acuerdo con datos revelados por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la producción de carbón cayó en 3,6%, con respecto al primer semestre del año pasado, ubicándose en un nivel de 42 millones de toneladas. Por lo tanto las metas pactadas por el Gobierno Nacional en cuanto a producción no se daría, teniendo en cuenta que el año anterior se logró un total de 88,6 millones de toneladas, y para este estaba previsto llegar a las 97,8 millones de toneladas.
Por ahora, este proceso deja una reducción del 25% de las operaciones en los proyectos carboníferos del Cesar, por ende se redujo la contratación de personal. Según información de los mineros unos 550 trabajadores contratados por bolsas de empleo fueron despedidos, hecho que genera un impacto directo en la economía de local y familiar.
El carbón es el segundo generador de divisas por exportaciones de Colombia, después de las del petróleo. De las actividades de explotación del mineral, el Gobierno recibe importantes recursos por impuestos y regalías. Por ejemplo, en La Jagua de Ibirico las mineras aportan cerca del 96% del recaudo a través del impuesto de Industria y Comercio; es decir, más de 17.000 millones de pesos cuando el comercio local concede unos 800 millones de pesos al año.
Así lo explicó Raúl Romero Rodríguez, secretario de Hacienda del municipio de La Jagua de Ibirico. “La baja en producción del carbón afecta la economía del municipio, pero también debe sentirse en Valledupar, Becerril, Codazzi, Chiriguaná y todos los que dependemos de la explotación minera. Muchos trabajadores han sido despedidos porque las minas han disminuido sus ingresos; uno porque el precio del carbón ha disminuido y dos, la restricción que mediante resolución interpuso el Ministerio de Ambiente a Drummond y Prodeco con el tema del tren”.
Es cierto que la economía está golpeada, en el ambiente de los pueblos donde hay minería se siente y se escucha al hablar con cualquier poblador, tal como lo evidenció este medio en un recorrido por la zona minera del departamento.
La actual administración alcanzó a realizar importantes inversiones como la construcción de la Villa Olímpica, pavimentación en vías del municipio y sus corregimientos, así como la creación de proyectos sociales, entre otros, por medio de recursos de regalías.
En el informe denominado ‘La memoria histórica de la minería’, EL PILÓN había pronosticado que en una década este departamento cambiaría la identidad de ‘gigante productor’ de empleos a través de la explotación de carbón debido a la desaparición de tres proyectos generadores de unos 6.500 empleos. Ellos son Proyecto La Jagua (PLJ – propiedad de Glencore), Calenturitas (C.I. Prodeco) y La Francia, que relativamente tienen una vida útil corta de 7 a 14 años. Así reposa en los archivos del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
La vocación y otras pérdidas
La Loma es un corregimiento del municipio de El Paso, pero debido al ‘boom minero’ la población de unos 5.000 habitantes pasó a tener 17.000 pobladores, aproximadamente.
Silfredo Bohórquez, inspector de Policía de La Loma, indicó que por la llegada de la minería el comercio mejoró, pero desafortunadamente hace cuatro años comenzó a bajar debido a que las empresas explotadoras de carbón (Drummond, Prodeco, CNR) trajeron trabajadores de otras zonas y apartaron la mano de obra local.
Esta es la percepción de muchas personas en todo el corredor minero en el Cesar, que antes vivía de la pesca, los cultivos y la ganadería que hoy desaparecieron como vocación para abrirle paso a la minería.
Es por eso que Dagoberto Poveda, presidente del Comité Agropecuario del Cesar, sostiene que la zona centro del Cesar tiene afectadas unas 80 mil hectáreas y otras 300 mil ya concesionadas para actividad minera.
Poveda señala que el sector agropecuario genera 145.000 empleos de mano de obra no calificada, mientras el sector minero produce 25.000. Además abrieron 32 licencias para explotar otros minerales como cobre e hierro.
No cumplen: Anla
EL PILÓN tuvo acceso a un documento entregado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a la Secretaría de Ambiente del Cesar. En la misiva se exponen detalles sobre la compensación ambiental ejecutadas por las empresas a la fecha en el Cesar.
De Drummond LTD. (El Descanso – Pribbenow), Proyecto La Jagua (La Jagua), CNR que hace poco compró Murray Energy Corp (El Hatillo) y Norcarbón (Norcarbón), indica que “actualmente las empresas no han adelantado acciones de compensación”. Argumentó la autoridad ambiental de Colombia que Prodeco (Calenturitas) estableció cinco hectáreas en las franjas del canal oriental de la mina y 70 hectáreas incluidas dentro de la propuesta de compensación por sustracción de la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones (resolución 1465 de agosto del 2008)
De igual manera, sobre el proyecto CNR (La Francia) manifiesta la reforestación de 488 hectáreas incluidas dentro de la propuesta de compensación por sustracción de la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones.
En el mismo documento, la Anla respondió que de acuerdo con actos administrativos las empresas mineras en términos de área deberán compensar una superficie total de 30.908,81 hectáreas.
Espectadores en el Cesar
Corpocesar, la Secretaría de Ambiente y Minas Departamental, no tienen facultades para inspeccionar y menos sancionar a las empresas mineras. El único ente encargado es la Anla, tras una resolución emitida desde 2007 por el gobierno del expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, Andrés Felipe Meza Araujo, secretario de Ambiente del Cesar, sostiene que identificaron un ejercicio piloto de las empresas mineras en la Serranía de Perijá, implementando pagos por servicios ambientales.
“En el tema de compensación están muy cortos y crudos. La empresa Drummond ha venido mejorando pero las otras no. Ya enviamos a las empresas el estado de los avances sobre este tema. De acuerdo con informaciones emitidas por la Anla, identificaron el incumplimiento de todas las empresas sin excepción”, recalcó Meza Araujo.
Subraya que la imagen de las empresas mineras a nivel nacional e internacional no es muy buena. El jefe de la cartera ambiental en la Gobernación del Cesar le pide, una y otra vez, al Gobierno Nacional analizar la idea de devolver las facultades al departamento, “porque no es posible que nosotros teniendo la zona minera, el tren de Fenoco, el transporte de carbón que contamina, seguimos sin poder hacer nada y vemos que las personas se sienten pobres”.
Dos preocupaciones
La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, no tiene facultades para intervenir a las mineras, pero sí está encargada de concertar el procedimiento de compensaciones ambientales, teniendo en cuenta el tipo y magnitud del impacto de carácter reversible que por efecto del desarrollo de las actividades mineras es ocasionado al ecosistema natural.
“Como corporación somos espectadores y hacemos acompañamiento y seguimiento, pero realmente quién licencia y autoriza el desvío de esos ríos es la Anla y en su momento el Ministerio de Ambiente”, indica Raúl Suárez, jefe de seguimiento a estos procesos en Corpocesar.
La entidad ambiental estableció un nuevo modelo de compensación con el que las explotadoras mineras deberán trabajar de 30 mil a 34 mil mil hectáreas sobre cuencas completas, durante los próximos 15 años. Ese programa es considerado como el más grande y ambicioso del país.
El director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel, dice que reconoce de las empresas una voluntad en el tema del mejoramiento de las condiciones atmosféricas.
“Eso genera impacto pero es el costo que el país asume por el tema de minería, como autoridad regional tenemos que garantizar que sean mínimos, que las empresas cumplan con lo licenciado en su Plan de Manejo Ambiental y otro que las compensaciones se hagan de la mejor forma”, asevera Villalobos Brochel.
Le preocupan dos cosas; el transporte del carbón porque sigue sin resolverse, y la cantidad de zonas tituladas en la Serranía de Perijá como ya lo había denunciado Davogerto Poveda.
Por estos días Corpocesar cumple una orden judicial que ordenó retomar la operación del tren de Fenoco hasta el 15 de noviembre. La corporación ambiental deberá hacer nuevas mediciones del tipo de afectación y luego entregará resultados a la Anla.
No contaminamos: Drummond
Amílcar Valencia, director Ambiental de Drummond Ltd., se refirió respecto al estudio de la Universidad del Magdalena publicado por EL PILÓN, en el que dan cuenta sobre el vertimiento de aguas residuales e industriales a los ríos del centro del Cesar. “Nosotros tenemos unos permisos y autorizaciones de la Anla para hacer vertimientos, eso no significa que se estén descargando aguas contaminadas al río”.
Explicó que la multinacional estadounidense hace unos procesos de tratamiento y luego entregan el líquido con una calidad requerida tanto por la autoridad nacional como regional que es Corpocesar.
“Hay una imprecisión porque por existir los permisos de vertimientos hay un grado de contaminación, eso no debe ser”.
Frente a las compensaciones ambientales, el asesor ambiental dijo que “una primera fase se inició hace cuatro años, que es algo satisfactorio para el país, ese proceso fue catalogado como el programa de compensación más exitoso del país y ha sido dirigido como una línea de trabajo que el gobierno le quiere apuntar”, señaló.
Manifestó que históricamente las compensaciones han sido siembras de árboles, “lo cual no presentaba beneficios porque había mucha depresión económica debido a que las personas finalmente hacían uso de esa madera, entonces no se obtenía realmente un reemplazo de los servicios ambientales. Lo que está proponiendo la empresa y va seguir realizando es vincular a la comunidad en ese proceso”.
Entre los proyectos de cumplimiento y gestión ambiental, esta minera tiene un embalse de 208 hectáreas que se formó con el desvío del río San Antonio y se convirtió en hábitat permanente y de paso para especies que van desde babillas hasta aves migratorias.
En el informe de sostenibilidad 2013-2014, Drummond expone que generan cinco mil empleos directos, contratos a término indefinido, y en contratistas de tiempo completo, otros seis mil.
La empresa Prodeco informó que en los próximos días entregará argumentos sobre la gestión ambiental que cumple en el Cesar.
Desde el año 2007, el Presidente de la República dejó sin facultades a las regiones en cuanto al seguimiento del plan de manejo y licencias de las empresas mineras. Todo es manejado por la Anla.
Drummond tiene un presupuesto anual cercano a los 9.600 millones de pesos que prioriza en proyectos de salud, educación, cultura y recreación, donde haya contrapartidas de los municipios del área de influencia.
Por Carlos Mario Jiménez
carlos.jimenez@elpilon.com.co