Es un principio general del derecho, de origen romano, que significa: Dura es la ley, pero es la ley, y que viene como anillo al dedo en el sonado caso del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Se trata pues de la moción de censura que se tramita en el Congreso de la República, en contra del citado funcionario (Ojo, es redundante decir funcionario público, pues no hay funcionario que no sea público), por el tema de la muerte de siete menores durante el operativo militar acaecido en el Caquetá.
Pues bien se da inicio a la moción presentada por el senador del Partido Social de la Unidad Nacional, Roy Barreras, y se busca con este mecanismo ejercer control político a las actuaciones, no solo de los ministros, sino también de los superintendentes y directores de departamentos administrativos; prosperará si consigue la mitad más uno de los votos, en este caso del Senado, pues repito fue propuesta por el senador Roy Barreras.
En Colombia, la moción de censura está regulada por el artículo 135 y siguientes, y como dato curioso, hasta el día de hoy, no ha prosperado contra ninguno de los servidores sometidos a este mecanismo de control político.
Ahora bien, la finalidad que persigue la moción de censura, no es otra que la dimisión del funcionario, y si esta ya se dio, podría pensarse, prima facie, que pierde su razón de ser por sustracción de materia. No obstante, nuestra Constitución es clara en ese sentido, cuándo en su artículo 135-9° (Acto Legislativo No 1 de2007), textualmente expresa: “…La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo”.
Se da por sentado que la renuncia presentada por Guillermo Botero, sea aceptada por el Presidente, pero hasta que ello no ocurra seguirá regentando la cartera de Defensa, por lo que podrá prosperar la moción en su contra. Es más, si Duque acepta su renuncia y nombra o encarga a otra persona ello no impide que se siga con el citado trámite, y aquí sí vale recordar el título del presente artículo: Dura lex, sed lex.
Nota de cierre: Valledupar necesita con suma urgencia salir de la postración financiera en que se encuentra gracias a las pésimas administraciones que no han hecho más que endeudar al municipio, por lo que tuvo que acogerse a la Ley 550 de 1999.
Sanear al municipio es el primer paso, para entrar a pensar en grande. Seguir con este lastre es ir de mal en peor. La labor deberá acometerla de manera valiente, decidida y responsable, nuestro alcalde electo.