La Contralora General Sandra Morelli, denunció que las empresas mineras están extorsionando al gobierno exigiendo que les den más o ellas se van.
Así fue publicado en la página web de Rcn Radio en la que se señala que de acuerdo a Morelli, ella le dejó claro al gobierno, a la institucionalidad minera y a todo el país, que la exigencia de estas empresas es muy sencilla “que si usted me exige mucho yo me voy y los trabajadores se mueren de hambre y aquí ya no hay más inversión y no volvemos”.
Aunque la contralora no dio detalles al respecto, dijo que “Es necesario respetar las normas, al final cuando llegan ante los jueces se hacen cumplir”
De otro lado, un informe de el periódico El Colombiano, en el día de ayer señala que “La Contraloría delegada del Medio Ambiente alerta que el sistema de cargue directo de carbón puede traer más daños sobre el ecosistema marino que el mismo transporte de barcazas que empleaba Drummond y que por no sustituir a tiempo debió suspender exportaciones el 13 de enero pasado”.
Según el informe, la multinacional avanza en las obras del muelle de cargue directo de carbón, usando bandas transportadoras cubiertas que contaminan menos y controlan el polvillo del minera. Espera tenerlo listo para marzo próximo, como exigencia del Gobierno para poder reactivar los embarques desde su puerto, en Ciénaga.
“Cuando se estableció la obligación de cargue directo, esa solución correspondía a una decisión que respetaba las condiciones ambientales, porque existía un único puerto para todas las empresas mineras y se había tomado en consideración la variable del calado, la profundidad del lugar”, señaló la contralora general Sandra Morelli
Pero lo cierto es que luego se autorizó a cada minera tener su propio puerto, como en el caso de Prodeco (Glencore Xstrata), Colombian Natural Resources (CNR) y la Drummond, en inmediaciones de la bahía de Santa Marta.
En el caso concreto de Drummond, Morelli dijo que “no se hizo la evaluación de cuál era la mejor zona posible y se optó por el lugar que resulta de menor distancia para la empresa, lo cual la obliga a hacer menores inversiones, pero sigue sacrificando la variable ambiental”.
Los procesos
Estas advertencias ambientales las lanzó la Contraloría al anunciar la apertura de investigaciones por hallazgos fiscales contra la Drummond debido a un presunto detrimento patrimonial en contra del Estado que suma 134.946 millones de pesos.