Con el crecimiento de la crisis socioeconómica de Venezuela, muchas prostitutas de ese país viajan desde Paraguachón (zona fronteriza) a Valledupar y otras poblaciones de la costa Caribe colombiana para aumentar sus ingresos económicos.
El éxodo de venezolanas hacia la capital del Cesar es evidente en los diferentes sectores de la ciudad que históricamente han tenido negocios de lenocinio. Es el caso de la carrera 6 con calle 17, reconocido como la zona de ‘El Boliche’, de donde cada semana salen extranjeras a examinarse en el puesto de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza sede El Carmen, en el que les expiden el certificado médico que necesitan para demostrar que son aptas para seguir ejerciendo el oficio más antiguo del mundo, la prostitución.
El procedimiento médico realizado en el puesto de salud consiste en una endocérvix, indispensable para las trabajadoras sexuales porque es un requisito exigido a las cantinas, bares y discotecas en las que ellas trabajan.
Según la secretaria de Salud Municipal, Claudia Margarita Zuleta, los establecimientos que ofrecen servicios sexuales que no estén sujetos a la norma de portar registros sanitarios actualizados son objeto de sanción o clausura permanente.
Kimberly(*), como se hace llamar una de las venezolanas que se prostituye en la capital cesarense, asegura que no ha sido fácil subsistir con los pocos recursos que obtiene por sus servicios sexuales, los cuales distribuye entre la remesa para su familia, los periódicos exámenes médicos y su manutención.
“Hace cinco meses estoy en Valledupar y la situación es más difícil, durante la semana pienso cómo rendir el dinero. No comprendo por qué las venezolanas pagamos más caro en el hospital y mi amiga (ubicada al lado con nacionalidad colombiana) cancela nada más $6.000”, comenta la meretriz oriunda de Valencia, la ciudad más poblada del estado Carabobo en Venezuela.
El resultado del costo elevado en su revisión médica es producto de que el centro de salud les factura como usuario particular, dada a su condición de extranjeras. Sin embargo, la institución no les cobra los $40.000 que deberían pagar, se los deja en la mitad, $20.000, precio que, según los inmigrantes, sigue siendo caro porque no les alcanza la plata que obtienen por vender sus cuerpos.
“El Hospital Eduardo Arredondo Daza con esta población operan precios especiales, cada tres meses aparte de estos exámenes semanales, asisten a realizarse el ITS (paquete de laboratorio clínicos sobre enfermedades infecciosas) que cuesta $120.000 y el punto de salud simplemente factura el valor de $15.000”, precisó Nasly Martínez, trabajadora social del centro asistencial.
¿Cómo es el negocio?
En el negocio Kimberly (*) no pasa desapercibida, es corpulenta, de tez morena, con cabello corto. Ella llegó a suelo vallenato por consejos de una amiga que ya conoce el negocio en la ciudad y le aseguró que acá le pagaban bien.
Indudablemente gana más que en Venezuela. Ahora reserva $30.000 en gastos de salubridad, aparte de los $50.000 semanales (aproximadamente $289.000 bolívares) que envía a su familia en Valencia.
Esta venezolana en su jornada atiende al mayor número de hombres posibles, pero no es fácil con tanta competencia; en un tiempo estimado de 15 minutos por cada servicio debe alcanzar una meta mínima de $60.000 diarios para poder así cubrir todos sus gastos.
“Desde temprano salgo a trabajar para rendir el dinero, la gente cree que mis ganancias aquí son muchísima plata en Venezuela, pero lo que no saben es que allá con la situación actual eso no alcanza ni para comer, porque todo es más caro. Cada dos meses viajo a Valencia para llevar personalmente el mercado a mi familia, porque tengo cuatro hijos que mantener, a parte de mi madre y una nieta que acabó de nacer”, puntualizó Kimberly, quien a diferencia de muchas de sus coterráneas está en Colombia legalmente, con visa turística.
Hay extrajeras que no trabajan en la calle, las más apetecidas lo hacen en negocios concurridos de la ciudad, donde las ofrecen como ‘las chamas’, con tarifas mínimas de $50.000 y hasta $70.000 pesos, dependiendo del establecimiento.
“Ellas muchas veces negocian con sus clientes el pago, acá la discoteca gana por la venta del licor y un pequeño porcentaje; ya si quieren realizar show lo hablan entre ellas y es un dinero adicional que solo reciben ellas”, comentó el portero de uno de esos bares.
“En el año que llevo trabajando acá no solo han llegado venezolanas, también han pasado brasileras, peruanas y hasta ecuatorianas; llegan de paso por tres o dos semanas y se van. Ahora hay hombres que llegan preguntando por las venezolanas”, agregó.
Para las prostitutas locales la llegada de extranjeras ha afectado el mercado de servicios sexuales, porque ante la alta demanda han tenido que bajar las tarifas considerablemente.
“Aquí en Valledupar antes nos pagaban $40.000 pesos, por lo menos en el pedazo donde estoy laborando (El Boliche), ahora el valor disminuyó por la masiva llegada de extranjeras. Cobran $36, $30 y hasta $20.000”, explicó una meretriz colombiana.
A la sombra de migración
Las prostitutas indocumentadas deambulan en el sector de ‘El Boliche’ en busca de clientela y atentas de no caer en las redadas de Migración Colombia. “En los cinco días que llevo en Valledupar, trabajo en la vía para evitar una posible deportación, en los sitios cerrados es donde más llegan pidiendo papeles, por eso no me demoro en salir, solo el rato que presto el servicio”, comentó Brigith (*), seudónimo con el que se identifica una venezolana de 24 años de edad.
La presencia de venezolanas ejerciendo la prostitución en Valledupar y otras poblaciones del Cesar es una realidad, Migración con apoyo de Policía, Ejército y secretarías de Gobierno municipales ha hecho operativos para deportarlas.
“En las últimas redadas que realizó Migración se percibió un incremento en deportaciones de mujeres con alta incidencia de bares donde es reconocible que se ejercen actividades de prostitución, sin embargo, la cifras podrían ser más, pero hemos notado que están utilizando la estrategia de salir a trabajar por fuera de los sitios o lo están haciendo bajo la aparente formalidad de visa turística”, explicó una fuente de Migración, que además precisó que el procedimiento de deportación le cuesta al Estado entre $150.000 y $200.000 por persona.
Según Migración Colombia, se ha establecido que las visas turísticas son utilizadas por algunas prostitutas venezolanas para evitar las deportaciones, aunque no siempre les sirven porque sí pueden ser devueltas a su país en caso de ser sorprendidas ofreciendo sus servicios sexuales.
Sin embargo, es de aclarar que los funcionarios Migración no realizan deportaciones por ejercer la prostitución sino por estar en condición de indocumentadas o carecer de visa que legalice su trabajo en Colombia.
El pasaporte turístico en Colombia es de tipo TP11, de orden temporal por un año, que no permite a los extranjeros trabajar en el territorio nacional.Las visas que permiten laborar son las Visa conyugue TP10, la de residente que va de TP3 a TP9, y de trabajo TP4. Existen 16 tipos de visas temporales (TP) en Colombia que van de tipo TP 1 a TP16.
“Cada vez que hay incursión de las autoridades cada quien se pierde a su manera y salimos de la situación como sea; claro a muchas compañeras las han deportado y ese es nuestro diario vivir”, contó Kimberly, quien confesó que anhela volver a su país cuando sea superada la crisis nacional que la llevó a vender su cuerpo del otro lado de la frontera.
En lo corrido de este año, 90 venezolanos han sido deportados, de los cuales 57 son mujeres y 33 hombres.
Cifra
En la que va corrido este año 90 venezolanos han sido deportados, de los cuales 57 son mujeres y 33 hombres.
La coordinación del puesto de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza del barrio El Carmen no tiene el número exacto de las prostitutas que se realizan los exámenes, puesto que carecen de censo institucional y podrían redundar en el registro de análisis sobre las mujeres que asisten cada semana a revisión médica.
“En el año que llevo trabajando acá no solo han llegado venezolanas, también han pasado brasileras, peruanas y hasta ecuatorianas; llegan de paso por tres o dos semanas y se van”: guarda de seguridad.
Por Marllelys Salinas