Si algún video pudiera registrar qué es para nosotros la paz total mostraría simbólicamente a los ciudadanos Ricardo Palmera y Rodrigo Tovar caminando tranquilamente por las calles del centro de su ciudad, Valledupar, sin escoltas, hablando espontáneamente con la gente, después de años en laberintos de hierros, paredes y privaciones, a causa de su desbordado protagonismo en el infierno de la violencia de Colombia.
En medio de la audaz propuesta del gobierno Petro para superar un conflicto de violencias entrecruzadas y recicladas, de protagonistas de todo cuño, también de ‘segundas oportunidades’, no se entendería que los dos vallenatos más metidos hasta la coronilla, con clara pero opuesta motivación ideológica, en las cadenas ineludibles de la más reciente y aciaga época de violencia, continuaran tras las rejas.
Injusto, estamos hablando de la institución de la justicia, porque mientras sus cárceles han sido en un país extranjero, los Estados Unidos, casi todos sus compañeros la han pasado en colombianas, con menores penas, y ya están libres.
En el caso de ‘Trinidad’ aún permanece en aquel país cumpliendo una pena sin fin por un secuestro de ciudadanos norteamericanos que cumplían misiones militares en el país, que él no ejecutó pero sí la organización a la que pertenecía; fue llevado al exterior acusado de un delito de narcotráfico, por el que no había cómo encauzarlo y cuyos cargos fueron pronto desestimados, para usar el tipo de delito que permitía la extradición. Sus compañeros guerrilleros firmantes del acuerdo de La Habana no fueron privados de su libertad y gozan de jugosos derechos políticos, son miembros del Congreso Nacional.
En el de ‘Cuarenta’, buena parte de sus compañeros y subordinados de las autodefensas pagaron hace tiempo la pena máxima de los 8 años de la jurisdicción conocida como de Justicia y Paz, y se han reinsertado a la vida civil y productiva. Aunque ha regresado a una prisión colombiana fue excluido de esa jurisdicción cuando según ella se habría negado a colaborarle mientras reclamaba por el asesinato de su indefenso hermano Sergio Tovar, que desarrollaba una vida civil en Valledupar, y pedía la protección a su familia.
En esta oportunidad es la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la que ha manifestado el interés en escuchar a ambos protagonistas, ha observado su situación, les ha mandado señales de que podrían contribuir a esclarecer y estaría ofreciendo una luz para que las víctimas también se hagan presentes.
El gobierno colombiano, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, junto con los negociadores de la pretendida paz total, no pueden resolver la situación de tantos rebeldes, disidentes, incluso de bandas relacionadas directamente con el narcotráfico, y no la de estos ciudadanos, responsables de graves delitos, por los que han venido cumpliendo, como debe ser. Para ellos la opción no puede ser seguir atrapados en el laberinto, ahora en medio de la paz total.