Por: Nuris Pardo Conrado
En nuestro país, la Constitución Política y la Ley 142 de 1994; tienen como objetivo específico generar e implementar eficiencia para obtener una mayor viabilidad económica de las empresas prestadoras, así como también la consecución de niveles más elevados de bienestar social, que indefectiblemente deben verse reflejados en mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos domiciliarios. Han pasado casi diecinueve años desde la expedición de la Ley 142 y aún no se ha cumplido con el espíritu de la misma, por ello, aún encontramos municipios donde no se consume agua potable, poblaciones dondeexisten botaderos a cielo abierto y la recolección de los residuos sólidos es pésima, sitios donde no existe cobertura de alcantarillado, ciudades como Valledupardonde contamos con una agua pura y por consiguiente apta para el consumo humano, pero a pesar de quela planta de tratamiento manda el agua suficiente para cubrir toda la poblaciónaún existan barrios donde el agua no llega con regularidad y cuando llega es a cuenta gotas, y barrios enteros donde no existe el servicio de alcantarillado, con el correspondiente perjuicio que ello conlleva. Así mismo, existen departamentos de nuestra geografía donde el déficit de estos servicios es muy grande y las autoridades municipales ni fu ni fa.
Es por ello, que se requiere una intervención decidida del Estado, encaminada a la consecución del desarrollo económico y social de las regiones, pues hasta el momento el sector es deficitario, así mismo, decisiones de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios para que cumplan con su objetivo y sobre todo con su deber misional, liderando el desarrollo de los pueblos y la satisfacción de todos los usuarios que de ella dependan, ya que son la razón de su existir y por ende pieza fundamental.
Se conoce de programas o estrategias de políticas sectoriales implementados por el ministerio respetivo para buscar la eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, pero ha sido más caro el caldo que los huevos y los problemas siguen latentes, iguales o quizás peores. Uno de los temasal que hay que prestarle mucha atención es el de la cobertura real dado que los recursos del Sistema General de Participaciones se reparten teniendo en cuenta entre otros, este criterio al igual que el incremento de las coberturas, cómo si se hubiese estancado Colombia y nuestras poblaciones no hubiesen crecido, dado que los municipios no hacen ningún esfuerzo para conseguir la información sobre cuántas viviendas realmente tienen servicios; la distribución de los mencionados recursos se hace con base en los datos del censo de 2005 y estableciendo el incremento frente a datos de 1993, según lo manifiesta la Superintendencia de Servicios Públicos en comunicado de prensa del tres de abril de este año. Amén de la calidad y continuidad del servicio.
No podemos olvidar que el desarrollo de una región permite a los ciudadanos superar los avatares de la economía, de la violencia, contribuyendo al reconocimiento del principio de solidaridad, de convivencia pacífica, del respeto por los demás, la sostenibilidad económica y social, con amplio sentido de pertenencia en este mundo competitivo, permitiendo ser visible no solo a los ojos de los habitantes locales sino de los extranjeros y ello sólo se logra con excelentes servicios públicos domiciliarios. Alcaldes cumplan con su deber misional y con uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho, frente a la prestación de estos servicios.