Un total de 86 familias del municipio de Gamarra que en el 2014 salieron beneficiadas en el programa de vivienda de Interés Social Prioritario para Ahorradores, VIPA, denunciaron que hasta la fecha no se ha desarrollado la construcción de sus viviendas, por las cuales pagaron un recurso económico proveniente en su mayoría de las cesantías que tenían acumuladas.
De acuerdo con los querellantes, fueron seleccionados para las viviendas de la urbanización Divino Niño, ofertada por la Unión Temporal Gamarra-VIPA, con la esperanza de obtener una casa propia. Sin embargo, de este proyecto que contemplaba la construcción de 416 casas, solo fueron entregadas 330.
En ese sentido, Diana Testillo, víctima de esta situación, comentó que por la tardanza en la construcción de las viviendas la Personería de Gamarra en representación de los beneficiados interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda, la Gobernación del Cesar, entre otras entidades involucradas en el proyecto.
Dicha acción de tutela fue interpuesta en mayo del 2017 y luego trasladada a la Corte Suprema de Justicia, en donde el órgano de control falló a favor de los beneficiados, ordenando la construcción inmediata de las 86 viviendas en amparo a los derechos fundamentales a la vivienda digna y “mínimo vital de los ciudadanos quienes son considerados vulnerables”.
En ese orden de ideas, el fallo precisó que los ciudadanos fueron vulnerados por las entidades mencionadas al no prorrogar la vigencia de los subsidios que les fueron adjudicados, ni construir，escriturar y entregar las residencias del proyecto. Además, se les pidió garantizar la entrega de las viviendas en un plazo máximo de nueve meses.
Tres años después las viviendas no se han construido. Pero de acuerdo con Diana Testillo, las 86 casas serán construidas en un terreno diferente al que se dispuso inicialmente para el proyecto. Dicho lote está ubicado en las inmediaciones de la urbanización Villa Molina, en el casco urbano de Gamarra.
Agregó que los 86 beneficiaros viven arrendados y están cansados de esperar a que en el lote, que tiene un aspecto de terreno baldío, se construyan las viviendas que desde el 2014 creyeron que serían suyas.
VOZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Al respecto, Sandra Eljach, personera de Gamarra, aseveró: “Se le expuso al contralor General, Carlos Felipe Córdoba, la problemática de Gamarra con la construcción de las 86 viviendas restantes del programa VIPA, debido a que en el terreno donde se construyeron las 330 casas no era el más adecuado para la totalidad del proyecto. Hicimos varias reuniones virtuales y presenciales con los actores, y en estos momentos estamos a la espera de que Cemex Colombia S.A. cumpla con los compromisos adquiridos”, explicó Eljach.
Agregó que la administración municipal ha cumplido en la totalidad con los aportes necesarios para el proyecto, como lo son el terreno, el establecimiento de los servicios público y el respeto hacia la acción de tutela que garantiza que los subsidios se mantengan vigentes hasta que sean entregadas las viviendas.
¿QUÉ PASÓ CON EL TERRENO?
Luego de la convocatoria pública hecha por la Unión Temporal Gamarra-VIPA, integrada por la Gobernación del Cesar, quien adquirió el terreno donde se edificarían las viviendas, y la Unión Temporal Cesar VIPA Pública, a su vez conformada por Cemex Colombia S.A., Constructora Lindaraja S.A.S y Comfacesar, se suscribió un contrato de prestación de servicios con la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, para la supervisión de la entrega de las casas.
En ese orden de ideas, en febrero de 2015, el oferente presentó a Findeter modificaciones al proyecto de vivienda debido a que en el terreno destinado para la construcción encontraron hallazgos geológicos desfavorables. Dicha propuesta no fue aprobada por el comité técnico, según la Corte Suprema de Justicia.
La corte precisó que Cemex Colombia modificó el planteamiento urbanístico general y “Findeter recomendó al comité técnico del fideicomiso no aprobar el nuevo ofrecimiento por no cumplir con las condiciones mínimas establecidas en los términos de referencia aprobados inicialmente”.
En ese sentido, una fuente cercana al proyecto que prefirió omitir su nombre, comentó que no se hicieron los estudios tipográficos necesarios de las 10 hectáreas en donde se iban a construir las viviendas, lo cual ocasionó que no pudieran construirse en su totalidad las casas y se tomara la decisión de trasladar las 86 restantes porque el terreno no contaba con las condiciones para la edificación de más unidades habitacionales.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Al respecto, la secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza, comentó que actualmente se está estructurando el proyecto de las 86 viviendas para llevarlo a la fase 3 y enviarlo al Ministerio de Vivienda. Acotó que la meta era entregarlas el año pasado, pero por la pandemia de la covid-19 tuvieron dificultades en el proceso.
“En el lote donde se tenía contemplado el primer proyecto esas viviendas no se lograron hacer porque el área tenía ciertas condiciones que no lo permitieron. Entonces tocó ubicar un nuevo terreno y colocar todos los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, pero eso ya se surtió. El año pasado se determinó el nuevo lote y ya lo que le hace falta son certificados”, manifestó Mendoza.
Agregó que el pasado 15 de julio Cemex Colombia S.A. les entregó los planos urbanísticos que están en proceso de revisión. Explicó que el Ministerio lo revisará y luego Findeter hará el proceso de aprobación para que sean suministrados los recursos y se proceda a la construcción de las casas.
El diario EL PILÓN intentó comunicarse con Cemex Colombia S.A., para conocer si la constructora tiene conocimiento de las denuncias de los beneficiados, pero resultó infructuoso.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.