Nos ha creado preocupación el conflicto de gobierno al interior de la comunidad arhuaca. Situación que se generó en medio de la pandemia cuando un sector en rebeldía tomó el control del resguardo arhuaco, asentado en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuya capital natural es Nabusímake.
Se presentaron entonces unos procedimientos que fueron denunciados, porque por inusuales rayaron en forzar decisiones que con anterioridad se hacían dentro de un espíritu de armonía y unidad, principio fundamental de la gobernabilidad y la administración de esa importante etnia.
Desde ese momento el problema se ha agravado, ha envuelto diversos aspectos culturales, administrativos y ha fraccionado familias tradicionalmente cercanas.
Ha puesto en cuestión el propio régimen constitucional, legal y de autonomía indígena, reconocida en la Constitución de 1.991. Ha comprometido también la propia jurisdicción de los pueblos, que no pocas diferencias ha tenido con el régimen ordinario de justicia de la Nación.
Ha habido actos públicos simbólicos como que el gobierno nacional haya dotado a una guardia indígena, los llamados semaneros, de instrumentos de defensa personal que denotan fuerza. Y que los opositores representaron como armas de ataque, aunque no eran armas de fuego.
Ha sido casi milagroso que no haya habido situaciones graves de violencia, en una inmensa familia regida por la sabiduría de los mamos. Esos mamos que han sido interpretados, llevados y traídos, irrespetados, desprovistos de su verdadero poder por los intereses de las partes en conflicto.
Otro aspecto que ha salido a relucir es el del control de los recursos económicos que el Estado suministra a la comunidad y la administración de organizaciones que proveen los servicios educativos y de salud, especialmente estos que conforman una gama de recursos y empleados. Estos elementos de poder y control también han sido usados en función del gobierno indígena o han alentado la lucha por su manejo.
Pero si está fracturado internamente el resguardo, también lo está en general el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada. Los arhuacos del Magdalena, y su gobernador, no están de acuerdo con el gobierno de los del Cesar. Y la visión compartida, las posiciones sobre temas claves como la protección ambiental de la vegetación, fauna y fuentes hídricas; frente al turismo, los desarrollos de actividades mineras o de infraestructuras viales, no se encuentran unificadas.
Posiciones frente a las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua de Santa Marta y Valledupar, se afectan sin que se puedan desarrollar diálogos y acuerdos razonables. La absurda dificultad, por oposición indígena, para hacer los meros estudios de campo del embalse Los Besotes hace parte del problema.
Ni el dialogo interno, ni la mediación de la comunidad internacional, ni la intervención de los organismos de justicia, desde la Procuraduría hasta la Corte Constitucional, ni el gobierno nacional y municipales han logrado contribuir eficazmente a la superación del problema.
Tampoco el Ministro del Interior Daniel Palacios Martínez, vinculado a esta tierra, y cuya cartera tiene a cargo los asuntos indígenas, ha podido hacer lo suficiente.