Cuando en Colombia se aprobó y promulgo la Ley 2ª de 1959, que se refiere a las Zonas de Reserva Forestal (ZRF), que en diciembre va a cumplir 58 años, como que se puede decir que esta fue el primer instrumento de ordenamiento ambiental del territorio colombiano, con ella se sentaron las bases para la declaratoria de los Parques Nacionales Naturales.
Con ella, las ZRF declaradas, se incluyó casi que el 60 % de nuestra superficie continental del total de 114.174.800 hectáreas, entre ese porcentaje se declaró Amazonia, Pacífico Central, Río Magdalena, Serranía de Motilones, Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, comprendieron originalmente una extensión de algo de 65 millones de hectáreas, pero en los últimos años se han sustraído más de 12 millones de hectáreas, esos bosques podemos decir que desaparecieron casi que en su totalidad, sustituidos por cultivos agrícolas y mayormente por pastos para ganadería, lo anterior equivale a decir que ya se redujo en un 20 % el área inicial.
Hay que decir que en general, en las ZRF, se superponen áreas de parques nacionales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, en estas áreas la cobertura boscosa se mantiene en aceptable estado de conservación, aunque en sus contornos los procesos de deforestación y cambio de uso de la tierra, tala ilegal, explotaciones mineras, entre otras, vienen ocasionando considerable deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad, y son además causa de muchos otros impactos negativos, entre ellos, derrumbes, inundaciones y daños a la infraestructura vial.
Las zonas de reserva forestal constituyen el patrimonio forestal de la nación, por tanto se considera que no debe permitirse que se reduzca más. Es importante señalar que estas reservas se constituyeron con varias finalidades: la protección de aguas, suelos y vida silvestre, especialmente aquellas clasificadas como zonas forestales protectoras, como quien dice prestan insustituibles servicios ambientales.
Sin embargo, grande es el saldo de la deuda que tiene el Estado colombiano con los postulados y mandatos de la Ley 2ª, sobresale el incumplimiento de la disposición que establece la obligación de elaborar y aplicar en los bosques de la reserva, Planes de Ordenación Forestal. Esto se debe en parte a la anarquía que reina en el aprovechamiento de maderas extraídas de cualquier parte; de la ilegalidad en su transporte y comercialización, del poco o mucho beneficio que tal actividad deja a los pobladores que dependen del uso de los recursos forestales para apenas substituir y en general de la poca gobernabilidad forestal.
Naturalmente, no podemos achacarle a la actual administración nacional todo los males que traen consigo 58 años de omisiones y desentendimientos, para lo cual debe revisar su política al respecto en los últimos seis años.
NOTA: Señor Alcalde, buen puntaje para que más pronto que tarde rescate del manejo de particulares el Vivero Municipal, del cual se han beneficiado muchos avivatos.
De su gestión estamos esperando que tome la decisión de levantar los bolardos que más servir para la movilidad de la ciudad, son interruptores peligrosos para el desplazamiento.
Siga con su política de tapahuecos en la ciudad que bastante que estaba deteriorada la malla vial de la ciudad.
Por Hernán Maestre Martínez