El proceso evolutivo de Valledupar, tuvo en su primera generación de dirigentes, gestores que comprendieron el significado del ordenamiento territorial, entendido como un proceso de planificación y gestión para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, características inherentes al desarrollo económico, competitividad, aspectos sociales justos, comportamiento ambiental y fiscal sostenibles, armonía regional, diversidad cultural y fisiografía del territorio.
Este proceso de gestión territorial que nos mereció el remoquete de “Ciudad Sorpresa Caribe”, empezó su declive a partir de la medianía de la década de los noventa. La prueba de esta afirmación nos conduce al pasaje al ostracismo que han tenido los exalcaldes de la ciudad después de 1995, luego de ocupar el primer cargo en importancia en el municipio, ninguno logró trascender en el ejercicio de la actividad política. En contraste, ha florecido la sofisticación de la corrupción, en la que sí es protagonista el recambio generacional de la actividad política vallenata. Esta generación de dirigentes políticos, ha sido incompetente con las demandas de la ciudad, han creído erróneamente que administran la ciudad de casitas de bahareque renombrada en nuestra expresión oral y no un sistema en constante evolución.
Consecuencia de lo anterior se refleja en las debilidades existentes en materia de los lineamientos del proceso de urbanización en la ciudad, en los criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada y la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. La descripción de esta temeraria situación está expresada en los famélicos indicadores socioeconómicos, representados en inseguridad, desempleo, movilidad, transporte público, ordenamiento territorial, cultura ciudadana y discontinuidad en la prestación de los servicios públicos.
Estas convulsiones no han ocurrido de manera súbita, su desarrollo comparte una relación progresiva y la adrede inobservancia de los políticos de elecciones. Esta clase dirigente que pone sus esfuerzos y dirección en los procesos electorales, continúan su marcha electorera, mientras frente a sus ojos van creciendo la madurez de las fragilidades urbanas, relacionadas con el rápido crecimiento de la ciudad, característica susceptible de sus encrucijadas actuales, colisionadas con los desafíos de las ciudades, planteados por el crecimiento demográfico, el cambio de su estructura, el cambio climático acelerado, la creciente desigualdad y la habitabilidad deficiente.
La inobservancia de la clase política del territorio se recrudece por los eventos que superan la gestión del riesgo. El evento fortuito ocurrido en la subestación de Transelca, como dije superó la gestión del riesgo; sin embargo, los responsables del restablecimiento de energía nos quedaron debiendo el respaldo para superar la coyuntura, con el correr de las horas nos dimos cuenta que el respaldo estaba ubicado en el corregimiento de La Loma. ¡Inaudito! La ausencia del fluido eléctrico afecta todas las cosas en la ciudad, asimismo, empeora la crisis de salud pública propuesta por el covid-19.
He sido insistente en la necesidad de construir un Plan Estratégico de largo plazo (20 o 30 años), para procurar revertir el atraso en que se encuentra la ciudad. Que la planeación en nuestro ordenamiento jurídico esté circunscrita al periodo de gobierno no implica imposibilidad de hacerlo a través de lo concebido por Gastón Berger (1991), uno de los fundadores de la prospectiva, que la definió como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en el. Este proceso requiere el diseño de capital social, no obstante, me causa preocupación la migración de talento humano preparado y la multiplicación de la ciudadanía propicia para los políticos de elecciones.